MIGUEL MANSO. PALMA.
Los frailes franciscanos necesitaban "líquido". La vía ordinaria de obtención de fondos resultaba insuficiente para ejecutar proyectos humanitarios en América y España. En esa tesitura, se pusieron a buscar un comprador para un terreno de la Porciúncula sembrado de pinos, en s´Arenal de Palma.
"Nos inclinamos por Vicenç Grande porque se trata de alguien de Mallorca con el que podíamos mantener un contacto directo. Era una cuestión de cercanía. Además, parecía un empresario solvente", relata el delegado en España de la Tercera Orden Franciscana Regular, Tomeu Pont.
Los franciscanos no han sido los únicos atrapados en el mayor concurso de acreedores de la historia mallorquina. El empresario inmobiliario adeuda más de 117 millones de euros a un amplio grupo de descendientes de aristócratas y miembros de la alta burguesía local a los que compró más de una treintena de fincas.
El promotor adquirió el suelo mediante la fórmula del pago aplazado. A los religiosos les abonaba el día 15 de cada mes 166.666 euros. "Hasta cuando estalló el asunto, habíamos cobrado el 40% del precio fijado", relata Tomeu Pont. Según la información a la que ha tenido acceso este diario, Grande les adeuda todavía 42 pagarés cuyo importe total se acerca a los seis millones de euros.
La Tercera Orden Franciscana, más conocida como TOR, desarrolla labores benefactoras en Perú, mantiene un piso de Proyecto Hombre en Madrid y cuida del hogar de transeúntes de Gandía. Hace cuatro años sucribieron el acuerdo de compraventa con Vicenç Grande que supuestamente les permitiría sacar a flote las cuentas de una comunidad consagrada a la obediencia, la pobreza y la castidad. Ni durante las negociaciones, ni tampoco cuando firmaron el contrato el promotor les desveló sus intenciones respecto a la parcela. "Nunca nos lo dijo. El suelo está declarado como zona de equipamientos. Quizá había pensado construir unas pistas deportivas", elucubra el ministro provincial de la orden en España. Cuando los religiosos decidieron desprenderse del predio, "muy difícil de mantener", contactaron con Grande y con otra empresa de Madrid cuyo nombre ya no recuerda. La cifra ofertada por uno y otro no distaban demasiado, admite Pont. Fue la procedencia del presidente del Grupo Drac lo que desniveló la balanza. Ahora no les queda más remedio que esperar la decisión del juez y de los administradores concursales designados por el magistrado.
De momento, ya se ha puesto en marcha la página web para los acreedores que contiene información y documentación así como un sistema de contacto vía e-mail. El pasivo declarado asciende a 835 millones de euros, de los cuales, unos 527 corresponden al dinero prestado por los bancos y las cajas de ahorro.