El ex gerente del Consorcio Turismo Jove se niega a declarar ante la policía

EFE. PALMA. El ex gerente del Consorcio Turismo Jove y ex concejal del PP de Algaida, Damià Amengual, ha decidido hoy acogerse a su derecho de no declarar ante la policía, en cuyas dependencias se encuentra detenido desde ayer, acusado de malversar fondos públicos.

Así lo ha confirmado su abogado, Bartomeu Vidal, en declaraciones a los periodistas a la salida de la sede de la Jefatura Provincial de Policía de Baleares, donde Amengual se encuentra detenido y donde se esperaba que prestara declaración en presencia de los dos fiscales Anticorrupción, Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán.

Vidal ha acudido esta mañana, alrededor de las 12.30 horas, a la sede de la Jefatura requerido por la familia de Damiá Amengual, con el objeto de asistirle como letrado en su declaración, si bien ha reconocido que desconoce las actuaciones que ha puesto en marcha la Fiscalía en relación con el arresto de su cliente.

"En consecuencia, no puedo tener una opinión formada, ni siquiera inicial, sobre el caso", ha puntualizado Vidal, para añadir que, Amengual después de pasar más de 28 horas en las dependencias policiales, "se ha acogido a su derecho de no declarar".

Amengual es uno de los seis detenidos ayer por presunta malversación de caudales públicos, entre ellos dos ex altos cargos del Consorcio de Turismo Joven del Govern en la pasada legislatura.

Junto a Amengual, entre los detenidos se encuentran el contable de la entidad, Jaime Cerdà; el jefe de Servicios y Mantenimiento de la misma, Juan Francisco Gozálbez; y la esposa de este último, María Reyes Carbonell.

De los seis detenidos, tres fueron puestos en libertad a última hora de la tarde de ayer, según han informado a Efe fuentes policiales que no han precisado las identidades de quienes han sido liberados y quienes prosiguen detenidos y han pasado la noche en la sede policial.

La principal acusación se basa en que Gozálbez habría blindado un contrato de alquiler con el Govern en la anterior legislatura -pocos días antes de que se celebrarán las elecciones autonómicas- por un valor de 300.000 euros, en concepto de la mensualidad por arrendar un local al Consorcio de Turismo Jove.

Este local figura como propiedad de una empresa ficticia a nombre del propio Gozálbez y de su esposa y el contrato rubricado implicaba que el Govern, en el caso de prescindir del local, tendría que seguir pagando la mensualidad del alquiler, fijada en 4.500 euros al mes.

Asimismo, a los detenidos se les imputan el pago de varias comisiones en diferentes obras.