Grande todavía tiene pendientes de pago 117 millones por treinta fincas

El empresario adeuda casi 6 millones a los franciscanos por la Porciúncula y 30 a los dueños de la casa señorial Can Oleza

MIGUEL MANSO/ARMENDARIZ. PALMA El promotor Vicenç Grande tiene cuentas pendientes con descendientes de aristócratas y miembros de la alta burguesía mallorquina. El empresario inmobiliario les adeuda más de 117 millones de euros derivados de la compra de 29 fincas, muchas de ellas de carácter rústico.
Grande ejecutó todas las adquisiciones de terreno mediante la fórmula del pago aplazado, de ahí su sobrenombre de rey del pagaré. Hasta los linajes más arraigados de la isla sucumbieron a las promesas concretadas en una especie de cheque con fecha de vencimiento. Los Feliu, Zaforteza, Villalonga, Truyols, Rossiñol de Zagranada y Oleza y Gual de Torrella confiaron en la palabra del dueño del grupo Drac, quien se comprometió a abonar cantidades mareantes incluso por suelo agrícola.

Matrimoniados por Drac

Ahora, con el concurso de acreedores en marcha, todos esos pagarés que casi siempre se ejecutaban el día 15 de cada mes están congelados. La mayor suspensión de pagos de Mallorca ha unido en un mismo saco a rancios abolengos con vendedores de almohadas para el hotel Hilton, constructores, banqueros, lavanderos, arquitectos y clérigos.
Ahí están los frailes franciscanos, a quien el promotor les debe todavía 42 pagos por un importe cercano a los seis millones de euros correspondientes a la finca de la Porciúncula. Más grande todavía es el boquete que ha dejado en la familia Deyà, a la que adquirió por una decena de millones de euros el predio de Son Cos, en Marratxí.
Pero si a alguien ha quitado el sueño es a los hermanos Oleza y Gual de Torrella, dueños de una fabulosa mansión en la calle Morey. Can Oleza, del siglo XVI, constituye una de las casas señoriales más antiguas de Palma. Combina una fachada renacentista con uno de los patios mallorquines más esplendorosos. Cientos de pagarés se encuentran a la espera de cobro. Entre todos suman unos 30 millones de euros.
Estos terratenientes configuran una amplia ristra de damnificados junto a bancos y cajas de ahorro (527 millones de euros); constructoras (más de 17 millones); pequeños proveedores y administraciones públicas, que le requieren importantes cantidades en concepto de impuestos.