Según datos facilitados por el Instituto de Política Familiar (IPF), una de las entidades que impulsa la campaña de objeción a esta materia, Baleares se encuentra por destrás de Canarias, donde se han producido ya 116 firmas a la declaración contraria a que se curse esta asignatura, y a gran distancia de Madrid que, con 11.531 rúbricas, acumula la cuarta parte del total.
En general, la mayor parte de las objeciones que se han obtenido hasta ahora se concentran en seis Comunidades Autónomas y, tras Madrid, figuran Castilla la Mancha (8.876), Andalucía (7.334), Comunidad Valenciana (5.526), Murcia (3.895) y Castilla y León (2.824); mientras que entre las restantes no hay ninguna que alcance el millar.
Cabe señalar que la campaña de IPF --y el resto de asociaciones que la impulsan-- fue presentada en Baleares el pasado 4 de junio, cuando ya llevaba algún tiempo desarrollándose en otras Comunidades peninsulares, por lo que, según expuso recientemente su presidente en las islas, Agustín Buades, hasta el mes de septiembre no espera contar con una cantidad importante de objeciones.
