Tensiones en el Pacto por la ubicación de instalaciones fotovoltaicas en suelo rústico

 
Mallorca cuenta con 10 nuevos proyectos de estas instalaciones.
Mallorca cuenta con 10 nuevos proyectos de estas instalaciones. 

F. GUIJARRO. PALMA. La ubicación de instalaciones fotovoltaicas en suelo rústico está provocando tensiones en el seno del Pacto. Estos proyectos, que cuentan con el respaldo de las conselleries de Medio Ambiente (dirigida por UM) e Industria ( del Bloc), están recibiendo ahora el rechazo del Consell de Mallorca, y más concretamente de su departamento de Territorio (PSOE).
El representante técnico de esta última institución ya votó en contra de los diez proyectos que hay sobre la mesa en la reunión de la Comisión Balear de Medio Ambiente celebrada el pasado viernes, y el temor de ambos departamentos del Govern, según reconocen, es que los representantes políticos del PSOE hagan lo mismo en el encuentro que va a tener lugar mañana.

Bloqueo

Desde la conselleria de Medio Ambiente se reconoció ayer que todo apunta a que el Consell de Mallorca ha decidido bloquear este tipo de proyectos en suelo rústico con carácter general.
De los diez debatidos el pasado viernes, la mayoría recibieron el visto bueno de los técnicos y el resto quedó pendiente de más documentación, sin que ninguno fuera rechazado, pero el representante de la institución insular se opuso a todos con carácter general. El problema radica en que los representantes políticos tienen que tomar una decisión definitiva mañana.
Desde la conselleria de Medio Ambiente se destacó que tanto sus responsables como los de la cartera de Industria aceptan que se rechacen aquellas instalaciones que puedan conllevar un excesivo impacto medioambiental, pero se reconoció su sorpresa ante la oposición "por principio" a la implantación de unas instalaciones solares que generan una energía limpia y no contaminante.

Un largo debate

El debate sobre la posibilidad de facilitar la ubicación de instalaciones fotovoltaicas en suelo rústico se abrió a principios de 2006, a propuesta del entonces responsable de Ordenación Territorial en el Consell de Mallorca, Bartomeu Vicens (UM), y ante el vacío legal existente en ese momento.
Todos los partidos políticos acordaron por aquel entonces recortar los posibles impedimentos a este tipo de infraestructuras, al considerar que de esta forma se facilitaba el desarrollo de energías renovables en las islas.

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