Cualquier ciudadano balear que pase hambre por no tener dinero para comprar comida podrá exigir a la Administración que lo alimente, según el derecho a no pasar hambre que recoge la nueva ley balear de servicios sociales, actualmente en fase de borrador.
Así lo ha anunciado hoy la consellera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración, Fina Santiago, durante la presentación del borrador de la ley, que se registrará en el Parlament balear en septiembre u octubre y se negociará con todos los partidos políticos, profesionales de los servicios sociales y entidades.
La nueva ley incluirá, entre otros derechos subjetivos, el derecho a una ingesta mínima de alimentos, que podrá ser reclamado judicialmente en caso de que la Administración no lo cumpla, indica la Conselleria en un comunicado.
Por tanto, si, una vez se haya valorado técnicamente que una persona o familia se encuentra en una situación de necesidad que le impide acceder por sí misma a una alimentación suficiente, la Administración autonómica estará obligada a concederla a través de diversas posibilidades, como comedores sociales, bolsas de alimentos, becas para comedores escolares, etcétera.
Si la Administración no lo cumple, la persona afectada podrá acudir a los tribunales para exigir el cumplimiento de este derecho subjetivo a no pasar hambre.
De esta manera, ha incidido Santiago, Baleares se convertirá "en la primera comunidad autónoma que define que no pasar hambre es una derecho. Nadie lo había dicho hasta ahora".
Este derecho que se incluirá en la nueva ley vendrá acompañado del derecho a alojamiento y al vestido, y establece que la Administración tiene la obligación de garantizar la respuesta inmediata a las situaciones de emergencia social y las prestaciones que den cobertura a estas necesidades.
La futura ley, según Santiago, supone "configurar el cuarto pilar de bienestar social, con los tres ya existentes: sanidad, educación y pensiones".
A partir del momento en que se apruebe la ley, afirma la Conselleria, se iniciará un plazo de 18 meses para elaborar una cartera de servicios sociales, que se aprobará pro decreto, la cual definirá, "los derechos subjetivos que cualquier persona podrá reclamar delante de los tribunales, de la misma manera que, si se tiene un niño de 7 años, te deben dar una plaza escolar", ha aseverado la consellera.
Igualmente, se establecerán niveles de servicio para la población, como, por ejemplo, un educador social por cada 5.000 o 7.000 habitantes o un centro de día por cada 20.000.
