Los aspirantes a profesores de Autoescuela que se han presentado este mes a las pruebas convocadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) denuncian la existencia de "graves irregularidades" en la composición de la prueba, al incluir preguntas que no se corresponden con el temario. En Baleares, 600 personas se han presentado a estas oposiciones, que la DGT convoca cada dos o tres años, mientras que en el conjunto del Estado han realizado el examen unas 30.000 personas.

Para denunciar estos hechos, desde las 11.30 horas de hoy unas 50 personas se manifiestan frente a la Jefatura Provincial de Tráfico, en la calle Manuel Azaña, de Palma, con silbatos y pancartas, para poner de manifiesto lo que califican como un "auténtico atropello" de la DGT para "impedir el máximo número de aprobados posible".

Itziar Valero, una de las aspirantes, explicó, en declaraciones a Europa Press, que la prueba ha sido "totalmente injusta" y es "innegable" que se han producido irregularidades, porque "en todas las provincias los aspirantes han denunciado los mismos hechos". Según relató Valero, la prueba, que en Baleares se realizó esta semana, los días 8 y 9 de julio, consistió en 30 preguntas, de las que cuatro "no tenían absolutamente nada que ver con el temario" que "llevamos preparando más de cuatro meses".

Cuatro preguntas incorrectas es más que suficiente para suspender el examen, porque sólo se permiten dos errores. Por ello, en Baleares calculan que han suspendido el 90 por ciento de los aspirantes, una proporción "extensible al resto de España", aseveró Itziar, quien habló en calidad de portavoz de los afectados.

Además, denuncian que varias de las preguntas que contenía el examen de ayer ya contaban en la prueba del día anterior, con lo que los alumnos que se examinaron en segundo turno contaron con el privilegio involuntario de conocer las cuestiones. "Esto es inaceptable", exclamó esta afectada, que asegura que la DGT pretende con esto "llenar sus arcas e impedir que aumente el número de profesores de autoescuela".

Además, recuerda, esta prueba es sólo una fase previa que no está contemplada en ningún Real Decreto. Otra de las irregularidades es que algunos exámenes contenían 29 preguntas y otros 30. "Exigimos poder ver los exámenes porque creemos que se ha cometido una injusticia", recalcó. Los aspirantes han tenido que pagar 39,04 euros para presentarse al examen y abonar 150 euros al mes para prepararse dicha prueba en una academia.

Los afectados, unos 30.000 en todo el país, exigen la repetición de la prueba con "preguntas justas y coherentes" al temario. "Nos han engañado porque nunca había habido una demanda tan importante y han querido hacer una criba masiva".