El traspaso de las competencias de Justicia a Balears requerirá una dotación anual de 51.173.000 euros según la estimación del Gobierno central, tal y como dio a conocer ayer el conseller de Presidencia, Albert Moragues, tras la reunión que mantuvo con el Secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, para retomar las negociaciones dirigidas a hacer efectivo este traspaso. Moragues manifestó que, "en principio", esta cantidad le parece "insuficiente".

El conseller explicó que durante el encuentro en Madrid, los representantes del Gobierno central le hicieron entrega de un documento en el que se hace una estimación del coste de las transferencias, que se sitúa en 51,1 millones. A este respecto, Moragues recalcó que el texto es sólo una propuesta y que ahora se deberá a proceder a su análisis técnico. Por otro lado, Pérez agregó que "si los datos objetivos hicieran razonable que existiese una financiación adicional al coste efectivo, el Ministerio lo haría".

De este modo, en la reunión se aprobó la constitución de las tres comisiones técnicas relativas a "personal, obras e infraestructuras e informática", que Moragues confía que se formen antes de final de mes. En el seno de las mismas, la Administración balear realizará un análisis técnico para comprobar si los cálculos sobre la dotación de las transferencias efectuado por Madrid es correcto o si se queda corto. Preguntado respecto a cuánto tiempo llevará efectuar este análisis, Moragues respondió: "El que haga falta". No obstante, reiteró que el objetivo del Govern es que el traspaso sea una realidad el 1 de enero de 2009. En cualquier caso, si la cantidad que finalmente ofreciera el Gobierno fuera menor de lo que el Ejecutivo considera adecuado, se renunciaría al traspaso.

Según recogió Europa Press, el Ministerio también ha introducido dentro de las cantidades de coste efectivo un capítulo específico de inversiones con una partida de 6 millones proyectados a 25 años dentro de los presupuestos. Esto, unido a otras cantidades y procesos ya iniciados, permitirá a la comunidad destinar 66 millones de euros para la construcción de infraestructuras físicas. Fuera de ese apartado quedarán los nuevos edificios judiciales de Eivissa, Maó y Ciutadella, que serán sufragados por el Ministerio con una inversión aproximada de 23 millones de euros en conjunto.