La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha ratificado en una sentencia la decisión de la empresa pública del Govern Serveis Ferroviaris de Mallorca de no renovar el contrato a Natalia Lanuza, que durante el mandato del anterior Ejecutivo del Partido Popular fue la directora del área económica y recursos humanos de dicha sociedad ferroviaria.
La sentencia desestima la demanda de la ex alto cargo y vierte una dura crítica contra ella por pretender adquirir la condición de trabajadora fija de plantilla de SFM cuando accedió a su puesto sin que conste la celebración de concurso alguno y debido a la confianza depositada en ella por el anterior director gerente de la empresa pública, Rafael Pons.
El fallo explica que la demandante fue nombrada responsable de las áreas económica y de personal de la empresa que gestiona los trenes de Balears en agosto del 2003, pocos días después de que el PP retomara el Govern. Su no renovación se produjo cuatro años después, en agosto del 2007, cuando el PP perdió el poder en favor de un nuevo Govern de centro-izquierda.
Cese pactado
EL TSJB recuerda que el contrato de Lanuza estipulaba con nitidez como su relación con SFN "finalizaría el día en que cese en su cargo el director gerente que lo formaliza (Rafael Pons)". El contrato incluía también un apartado por el que la cargo de confianza no recibiría ningún tipo de indemnización al ser cesada en su puesto.
Los magistrados citan varias sentencias sobre supuestos similares y ponen especial atención en algunas del propio TSJB.
"La empresa pública es un instrumento puesto a disposición de las Administraciones Públicas para la ejecución de una determinada política en el ámbito de sus competencias y entraña exigencia elemental de eficacia que, al frente de ella, se coloquen personas que ofrezcan garantías razonables de llevar su funcionamiento en la línea de los objetivos marcados" y resulta lógico que cuando cambien los políticos también sean cesados dichos altos cargos, razona la sala.
