La Policía y Hacienda rastrean los bienes y cuentas de los imputados por Son Oms

La fiscalía anticorrupción pidió a Munar una copia de los estatutos de Unió Mallorquina

FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA. La Policía Nacional y la Agencia Tributaria se están volcando en seguir el rastro a las cuentas corrientes, participaciones empresariales, inmuebles, cajas de seguridad, y otros bienes de los siete imputados en la querella por el caso Son Oms, una presunta trama de corrupción en torno a la génesis y explotación del polígono industrial de dicho nombre situado junto al aeropuerto de Palma. La fiscalía anticorrupción también reclamó en octubre pasado a Maria Antònia Munar, presidenta entonces del Parlament y de Unió Mallorquina (UM) una copia de los estatutos de dicho partido con todos los cambios introducidos desde su creación.
Hace unos días la fiscalía anticorrupción presentó una querella por un rosario de presuntos delitos contra el actual portavoz de Unió Mallorquina en el Parlament, y ex conseller de Territorio del Consell de Mallorca, Bartomeu Vicens; su esposa Antònia Martorell; el ex president del Parlament por el mismo partido Maximilià Morales; el abogado y empresario Jaime Montis; los también empresarios Miquel Munar Munar y Bernat Febrer; y la supuesta testaferro Elisabet Diéguez.
El caso, por reparto, correspondió al juzgado de instrucción 2 que, tras abrir diligencias, decretó el secreto de sumario.

Buscar los bienes

Al igual que en otros casos de presunta corrupción, y especialmente en el sumario contra la supuesta trama en torno al anterior Ayuntamiento de Andratx, la fiscalía ha solicitado al juez un completo chequeo de los bienes a nombre de los imputados.
El juzgado está oficiando a distintas entidades bancarias para que le informen de las cuentas corrientes y de todo tipo de pólizas, depósitos o activos a nombre de los encausados.
El rastreo también se está dirigiendo a los bienes inmuebles y participaciones empresariales en todas las fórmulas posibles.
En los casos de Maximilià Morales y Bartomeu Vicens, de los que se presume pudieron prevalerse de su condición de destacados dirigentes políticos para cobrar comisiones del 15 por ciento del valor de los solares rústicos recalificados en suelo urbanizable industrial, también se está revisando a fondo su historial laboral.
De esta forma se han recabado datos a la Seguridad Social para averiguar en qué empresas trabajaron y si cotizaron como autónomos. La querella imputa, de momento, a los siete mencionados el cobro y reparto de 1,2 millones de euros en presuntas comisiones por la recalificación de las fincas. También se investiga otras posibles comisiones. De momento se han abierto dos cajas fuertes de los imputados.Los fiscales anticorrupción de Balears Juan Carrau y Pedro Horrach reclamaron en octubre del año pasado dentro del caso Son Oms a Maria Antònia Munar, presidenta entonces del Parlament y de Unió Mallorquina, los estatutos de dicha fuerza política.

Los cargos en el partido

La fiscalía quería saber también si en las normas internas de la fuerza política mallorquina se habían introducido cambios, y en qué fecha y sentido se habían hecho dichas modificaciones.
El polígono industrial de Son Oms fue un proyecto que se empezó a gestar a finales de los años 80 y que no se aprobó por el Consell de Mallorca hasta finales de los 90. Desde el 2000 en adelante el polígono fue perfilándose en sucesivas aprobaciones de planes urbanísticos por el Ayuntamiento de Palma. Los fiscales pidieron también a Munar que les facilitara una copia certificada de los cargos, funciones y puestos que Morales y Vicens han desempeñado en UM desde la creación del partido. Los dos imputados han reconocido haber efectuado trabajos a nivel privado, y como abogado y asesor fiscal, en el proyecto, pero los han circunscrito a los años en que no eran dirigentes relevantes de UM.