MARIO MORALES. PALMA.
Las obras de remodelación y ampliación del puerto de Palma van a tener un coste de 1.000 a 1.100 millones de euros. Esta es la cifra que ha sido estimada siguiendo las directrices que marca el plan director elaborado por la Autoridad Portuaria de Balears.
Esta astronómica cifra deberá ser compartida a partes iguales entre capitales públicos y empresas privadas. Aunque aún no se ha determinado con precisión cómo se distribuiría, está claro que la Autoridad Portuaria deberá recurrir al endeudamiento para hacer frente a unos 300 millones de euros. El presidente de la institución Francesc Triay anticipó que "tenemos una amplia capacidad de endeudamiento porque no tenemos créditos pendientes".
Otros 300 millones deberán provenir "de subvenciones exteriores". Este es el punto más difícil, dado que Balears ya no puede acceder a fondos europeos para cubrir este tipo de infraestructura. Triay prefiere no adelantar acontecimientos, pero este montante deberá provenir del Gobierno central, o de alguna partida europea a la que se pueda acceder.
A grandes rasgos estas son las cifras, a las que se debe añadir la participación privada. Las empresas que obtengan concesiones o pongan en marcha iniciativas en la zona portuaria deberán pagar unas cantidades tales, que permitirán redondear la cifra total necesaria para la reforma.
Francesc Triay indicó que están en marcha los trámites para esta gran reforma, que supondrá "unos catorce años de obras".
Ayer, el presidente de la Autoridad Portuaria reunió a su consejo de administración, un organismo que fue renovado tras las últimas elecciones autonómicas aunque en muchos casos ha habido continuidad de las personas que lo integran.
Francesc Triay ha aprovechado esta reunión para explicar al consejo algunos datos del plan director de la remodelación. Continúa la incógnita sobre lo que se hará con toda el área del Moll Vell, y no se tomarán decisiones hasta que se consensúen con el ayuntamiento.
A continuación, la Autoridad Portuaria pedirá al ministerio de Medio Ambiente la evaluación ambiental de las obras, y luego se tramitará ante Fomento su aprobación definitiva.
La Autoridad Portuaria afinará los acuerdos con las distintas instituciones durante la actual legislatura, para iniciar posteriormente las obras. Posiblemente la principal sea la ampliación del dique del Oeste para destinarlo al tráfico de mercancías, pero también se trabajará en la ampliación del espacio destinado a los cruceros, a la reparación de embarcaciones, al tráfico regular de pasajeros y a los amarres de la náutica recreativa.