La fiscalía anticorrupción ha cuantificado en su denuncia por el caso Plan Territorial, una presunta trama de corrupción político-empresarial en torno a la norma urbanística del mismo nombre, en 297 millones de euros (casi 50.000 millones de pesetas) el alcance de los pelotazos (plusvalías) obtenidos por los promotores que compraron fincas rústicas recalificadas como urbanas. Los fiscales acusan a un grupo de dirigentes de Unió Mallorquina (UM) y el Partido Popular (PP) de facilitar a varios empresarios amigos información privilegiada sobre las llamadas áreas de reconversión territorial (ART), la fórmula usada por la presunta trama para dar los pelotazos. No descartan que a cambio los promotores hayan pagado sobornos a los políticos. Los casi 300 millones de beneficios sitúan este entramado a la cabeza de los casos de presunta corrupción investigados hasta el momento en las islas.
El contenido de la denuncia de anticorrupción, adelantada por DIARIO de MALLORCA el pasado 16 de noviembre, se ha conocido tras levantarse el secreto del sumario sobre el caso PTM por el juez Miquel Florit. Los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach imputan al presunto entramado los delitos de uso de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación y posible cohecho.
Informe pericial
La cifra de 297 millones de euros de plusvalías consta en un informe de un grupo de expertos en urbanismo sobre las repercusiones que las ART pueden causar al urbanizarse las fincas que antes tenían un uso agrícola-ganadero marginal. Este dictamen ya obra en poder del magistrado instructor.
Los fiscales también apuntan, además de a políticos y empresarios, a altos funcionarios o técnicos que habrían colaborado en la enorme trama de corrupción.
La denuncia también acusa a todos aquellos técnicos o altos cargos que, "con pleno conocimiento de las consecuencias que provocaban, intervinieron de manera eficaz para que fuera aprobado el PTM, cuya parte dedicada a las ART tenía características de antijuricidad, arbitrariedad y beneficio de particulares...".
El tráfico de influencias habría tenido lugar entre 2003 y 2004 y los fiscales han centrado especialmente su atención en tres ART: la número 10.3, que correspondía a la desaparición de los hoteles Don Pedro (Pollença) y Rocamar (Sóller), y que generaba el trasvase de sus plazas a varias fincas de Sa Ràpita (Campos); la 10.5, donde, a cambio de adaptar una antigua vaquería como centro de interpretación del Salobrar de Campos, se consigue una urbanización para viviendas plurifamiliares y uso hotelero en 35,2 hectáreas del mismo Campos, en su lado Este; y la 10.6 el traslado de unos aprovechamientos urbanísticos de Alcúdia a la finca Son Crever de Marratxí.
253 millones de euros
Las plusvalías que el PTM podría generar a los compradores de las fincas convertidas en urbanizables en las tres áreas de Sa Ràpita, Campos Este y Son Crever ascenderían a más de 253 millones de euros.
Los otros 44 millones corresponderían a otras recalificaciones en otros puntos de la isla.
Anticorrupción incluye en su denuncia una descripción pormenorizada de las previsiones y alcance de las tres ART. También se fundamentan las acusaciones en un completo análisis de toda la normativa urbanística y otros preceptos legales que se habrían vulnerado en la elaboración de esta parte del PTM.
El juez Florit ya ha tomado declaración a ocho expertos en urbanismo, empresarios y particulares en calidad de testigos y, cuando Anticorrupción disponga de tiempo, empezará la ronda de interrogatorios de los imputados, políticos, técnicos y promotores.
