Facturas emitidas con fecha anterior a la concesión de la subvención correspondiente, justificantes que son aportados por socios de las propias entidades beneficiarias, falta de publicidad y concurrencia de las convocatorias, presupuestos que exceden con creces las ayudas otorgadas, más de una subvención otorgada para una misma actividad... La auditoría encargada por el juez del juzgado de Instrucción número 1 de Palma a la Sindicatura de Cuentas de Baleares recoge un cúmulo de irregularidades durante los años 2004 y 2005 en la financiación de actividades de entidades privadas por parte del Consell.
A la espera de que se determine la supuesta comisión de delitos, entre las incidencias detectadas destaca la ausencia de memoria explicativa alguna que justifique la finalidad por la que se dieron 180.000 euros a la asociación de Actividades socioculturales de Mallorca.
