El magistrado de instrucción 7 de Palma, Antoni Garcías, ha imputado por supuesto blanqueo de dinero y otros delitos al millonario inglés Christian Hore, que hace unos años compró el predio Son Bunyola y otras fincas adyacentes de Banyalbufar a su compatriota Richard Branson. De forma paralela, las pesquisas contra el supuesto entramado de lavado de fondos han permitido localizar un recibo por el pago de seis mil euros a un presunto testaferro de dicha red.

Christian Hore y su esposa Martha aparecen como encausados en el voluminoso y complejo sumario de la Operación Relámpago, en el que la fiscalía anticorrupción, el Cuerpo Nacional de Policía y la Agencia Tributaria investigan inversiones millonarias en propiedades inmobiliarias de Mallorca y sociedades españolas que habrían servido para lavar dinero negro de organizaciones criminales o defraudar al Fisco.

Casi 38 millones embargados

Hore, que reside fuera de España, aunque posee una propiedad en Mallorca, es un millonario inglés que trabajaba con el despacho Feliu, al que la fiscalía otorga un papel protagonista en la supuesta trama. Al empresario le han sido intervenidos, por orden del juzgado de instrucción siete, casi 38 millones de euros que tenía depositados en una entidad bancaria de Palma.

El encausado, defendido por Fernando Mateas, afirma que ese dinero era un aval para la compra de un yate de lujo, que le están construyendo en unos astilleros italianos.

Sobre el origen del depósito, el millonario asegura que el dinero procede de la venta de poco más de un uno por ciento del seis por ciento de participaciones que tenía en una sociedad. Hore añade que puede aportar documentación de un importante banco norteamericano sobre dicha desinversión.

El carnet del testaferro

Por otra parte, especialistas de la Agencia Tributaria y de la Policía han empezado a analizar los miles de documentos intervenidos en los registros de la Operación Relámpago.

Uno de estos papeles es un recibo donde figura el documento nacional de identidad de una persona usada, al parecer, como hombre de paja en una de las múltiples operaciones sospechosas. Junto a los datos del presunto testaferro aparece el recibo del pago a éste de seis mil euros.

Los investigadores presumen que la presunta red ha empleado como testaferros a indigentes, personas fallecidas y emigrantes sin papeles para camuflar la verdadera identidad de los dueños de los fondos y de las propiedades inmobiliarias adquiridas.

Existen sospechas de que personas sin apenas recursos aparecen como cotitulares de cuentas corrientes con depósitos de millones de euros.