La reciente ampliación de la UE ha hecho que España haya pasado de ser una región receptora de ayudas comunitarias a ser casi contribuyente neta, con lo que ocho comunidades autónomas, entre ellas Baleares, recibirán unos "fondos simbólicos", explicó.

En términos de ayuda, Baleares ha perdido todos los fondos de cohesión, que en el pasado permitieron la construcción de infraestructuras como la nueva terminal aeroportuaria de Son Sant Joan, el Dique de Botafoc en Eivissa y el sistema de recogida neumática instalado en el casco antiguo de Palma.

En concreto, durante el periodo comprendido entre 2000 y 2006, Baleares superó los 175 millones de euros en fondos de cohesión, que "se han perdido en su totalidad", aunque podrá optar a la financiación de un proyecto con cargo a los 3.250 millones de euros de este recurso comunitario que recibirá España en los próximos siete años, detalló.

Esta opción, destacó la directora general, resta libertad a la Comunidad Autónoma a la hora de definir esta actuación, cuya ejecución es además "sólo una posibilidad".

Asimismo, las ayudas que el archipiélago recibió a cuenta del Fondo Social Europeo ascendieron a 197,3 millones de euros en el periodo englobado entre los años 2000 y 2006, cuantía que se ha recortado en un 11 por ciento para los próximos siete años, en los que Baleares dispondrá de 176 millones de euros.

Además, de estos recursos la Comunidad Autónoma sólo podrá gestionar directamente 108 millones de euros, lo que representa el 62 por ciento del total.

La directora general precisó que Baleares "no podrá disponer libremente" de estos fondos, porque el Estado tiene "libre disposición" sobre 68 millones de euros, dentro de los cuales figura el fondo tecnológico, del que a las islas le corresponden 2 millones de euros.

Este "intervencionismo" del Estado, recalcó, deja "muy condicionada" a la Comunidad Autónoma respecto a las actuaciones que se pueden desarrollar con estos recursos, en cuya ejecución Baleares tiene que cumplir además la Estrategia de Lisboa Renovada.

Según señaló, esta línea de actuación hace referencia al impulso de acciones de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I), al que Baleares deberá destinar el 70 por ciento de los fondos.

Este requisito, puntualizó, obliga a que un porcentaje "muy elevado de fondos" tenga que destinarse a la economía del conocimiento, al medio ambiente y a la prevención de riesgos laborales.