Los franceses se jubilarán a los 62 años

AGENCIAS. PARÍS. El gobierno de Francia presentó ayer su plan de reforma del sistema de pensiones, que prevé una subida escalonada de la edad de jubilación de los 60 a los 62 años de aquí a 2018, para afrontar la carencia de fondos sociales y el aumento de la esperanza de vida. Los sindicatos ya anunciaron protestas masivas.
En numerosos países vecinos de Francia la edad legal de jubilación es de 65 años, aunque en Estados como Alemania se ha decidido ampliarla a los 67.
Al mismo tiempo, el gobierno francés ampliará el plazo mínimo para el pago de contribuciones. Para tener derecho a una pensión completa, el trabajador francés tendrá que haber realizado contribuciones al sistema de jubilaciones durante al menos 41,5 años a partir de 2020.
"No hay otra alternativa que prolongar la vida laboral", dijo el ministro del Trabajo, Eric Woerth, al presentar los planes en París. Woerth aseguró que no es posible cubrir el déficit de las cajas de pensiones aumentando los ingresos del Estado y hay que aceptar los problemas relacionados con el aumento de la expectativa de vida.
Sin embargo, el gobierno francés prevé subir también las contribuciones para aumentar los ingresos con el objetivo de cubrir el déficit de 30.000 millones de euros en las cajas de jubilación.
Para quienes más ganan se aumentará la cuota impositiva en un puntoo porcentual al 41 por ciento. También tendrá una mayor carga fiscal determinados ingresos de capital, bautizado por el gobierno como como "contribución solidaria".
El presidente Sarkozy había calificado la reforma del sistema de pensiones como el proyecto más importante de lo que resta de su mandato. El gobierno espera que la reforma sea aprobada por la Asamblea Nacional antes de finalizar este año.
Según los cálculos de algunos expertos, de no reformarse el sistema, las cajas de pensiones arrojarán en el año 2050 un déficit de entre 72.000 y 114.000 millones de euros.
Tanto sindicatos, que ya han convocado una huelga general para el 24 de junio, como formaciones políticas de la oposición rechazaron el plan, del que la principal central sindical, la CGT, dijo que sería mejor que el Gobierno "lo reescribiera", mientras la primera secretaria del Partido Socialista, Martine Aubry, afirmó que es una reforma "irresponsable".