´Apartheid´ inmobiliario flamenco

FERNANDO HELLER. BRUSELAS. Las pulcras calles de la barriada flamenca de Vilvoorde, en las afueras de Bruselas, poco o nada se asemejan a las polvorientas arterias de Soweto. Pero desde hace semanas recuerdan un poco al triste periodo en el cual en Sudáfrica imperaba el apartheid, la segregación, aunque esta vez no sea racial, sino ´inmobiliaria´. Todo empezó a principios de este mes en cuatro distritos de la periferia norte de Bruselas, de mayoría lingüística flamenca (holandesa). Los alcaldes de esos municipios se pusieron de acuerdo para no vender propiedades a belgas francófonos y a nadie que no hable holandés. La medida excluyente, analizada ahora también por la Comisión Europea, que pretende determinar su legalidad, supone -según la prensa francófona belga- "una depuración étnica" basada en el idioma que resulta totalmente inaceptable.
La medida de "bloqueo" inmobiliario es contraria a cualquier ley –belga u internacional– y atenta según los partidos políticos francófonos contra "los derechos humanos". La situación es muy grave, pues profundiza todavía más la brecha entre ambas comunidades. La inciativa vino de mano de los alcaldes de Vilvorde, Overijse, Hal y Goorik, que han acordado con las agencias inmobiliarias locales que éstas les envíen un listado con nombres y apellidos de candidatos a comprar viviendas en la región. Esas listas serán "examinadas minuciosamente" y si el candidato a la compra no habla holandés o no aporta pruebas de que quiere aprender holandés (por ejemplo la matrícula de una academia de idiomas en la que se haya apuntado a un curso de ese idioma) la venta quedará anulada: un ejemplo práctico de apartheid inmobiliario.
Así, los alcaldes de las cuatro barriadas de Bruselas aplicarán normas flamencas como el wooncode (el código de la vivienda) y la norma wonen in eigen streek ("vivir en tu región"), que fuerza a los residentes a probar que viven en el lugar en el que están censados. Ahora, además de esas dos normas del gobierno autonómico flamenco, se unen estos acuerdos informales (no escritos) –de manera verbal– entre los alcaldes y las promotoras inmobiliarias. Pero, en contra lo que se podría pensar, los alcaldes flamencos promotores de esas medidas de ´segregación inmobiliaria y lingüística´ no se esconden de la prensa, e incluso se pavonean de ello ante las cámaras. "Queremos saber quién viene a vivir en nuestros municipios, tenemos derecho a preguntar –y a determinar– quiénes son las personas más idóneas para residir en nuestras ciudades. Es nuestro deber comprobar que quienes viven entre nosotros están dispuestos a adaptarse a nuestras costumbres e idioma", asegura el alcalde de Gooik, Michel Domst.
Para el dirigente del partido ecologista francófono, Jean-Michel Javaux, este acuerdos es "totalmente ilegal". "Es indignante e ilegal pretender favorecer a los neerlandófonos frente a los francófonos, es una forma de apartheid intolerable", afirma. "Estos acuerdos tácitos violan todas las convenciones internacionales sobre los derechos humanos, pero también la Constitución de Bélgica. Suponen actuar con métodos casi represores, son maneras de actuar policiales", agrega. Según Javaux, los alcaldes de esas localidades "se consideran a sí mismos como valientes caballeros medievales que tienen que llevar a cabo una cruzada cultural en pos de la supervivencia del alma flamenca".
Pero esta actitud no es del todo nueva. En 2007, el Ayuntamiento de Zaventem, también en la periferia de Bruselas, decidió imponer como condición sine qua non a quien quisiera comprar terrenos que hablara flamenco o se apuntara a un curso para aprenderlo. Y así, bajo este requisito, puso a la venta 76 parcelas. La ´guerra inmobiliaria´ era lo último que faltaba a la ya de por sí crispada convivencia entre las dos comunidades más importantes de Bélgica, con en total 10,5 millones de habitantes, que conviven desde 1830 unidos con cinta adhesiva en un Estado federal. "Bélgica (1830-2010), descanse en paz". Podría ser el simbólico epitafio de un país nacido en el siglo XIX como "Estado tapón" entre Francia, Holanda y Prusia, y que vive un ambiente próximo a la ruptura, tras la radicalización de los partidos flamencos en el distrito de Bruselas-Hal-Vilvorde (BHV), convertido en nuevo símbolo de la fragmentación del país. El epicentro del terremoto político, que ejemplifica la aguda división entre flamencos (de habla holandesa, el 60% de la población, en el norte) y valones (de lengua francesa, el 40%, en el sur), es ese distrito, formado por 19 municipios que integran la Región de Bruselas. Con sus 120.000 habitantes valones, Bruselas-Hal-Vilvorde quedó en 2007 "anexionado" a Flandes y escindido traumáticamente de Bruselas. El efecto más directo de esa medida es que los valones de Bruselas-Hal-Vilvorde perderán su derecho a votar en las elecciones a los partidos francófonos. El conflicto sigue abierto.