Un matarife despiadado

AGENCIAS. MANILA. Un notorio cacique y principal sospechoso de la matanza hace dos meses de 57 personas en el sur de Filipinas, Andal Ampatuan Jr., disparó él mismo y sin piedad a las víctimas arrodilladas, reveló ayer el primer testigo en el juicio.
El teniente de alcalde de Ampatuan Jr. en la ciudad de Datu Unsay, Rasul Sangki, aseguró que vio cómo el hijo del gobernador de la provincia de Maguindanao capitaneó al grupo de mercenarios que primero secuestró y luego ejecutó y enterró en fosas comunes a los civiles, entre los que había 30 periodistas.
Sangki declaró al tribunal que el alcalde le ordenó que la acompañara al lugar donde los pistoleros retenían a sus rehenes.
"Fui por miedo. Si no le seguía, podía enfadarse con mi familia", explicó el segundo de Ampatuan, quien afirmó que cuando llegó, las víctimas ya estaban maniatadas y de rodillas.
Poco después y sin referirse directamente al líder del clan, Sangki indicó que su jefe vociferó "Padre, ya están aquí", y una voz le contestó: "Ya sabes lo que hay que hacer".
En cuanto empezaron los tiros, las víctimas pidieron clemencia entre llantos, pero Ampatuan les hizo caso omiso y se encargó personalmente de disparar con un fusil a los familiares de Ismail Mangudadatu, el gran rival de la familia.
Los rehenes formaban parte de la comitiva que acudía a presentar la candidatura a gobernador en las próximas elecciones de Mangudadatu, quien también compareció ayer por la mañana en el juicio contra Ampatuan Jr.
El principal acusado de la masacre se ha declarado inocente de las muertes y afirma tener derecho a salir en libertad bajo fianza, pero es poco probable que el juez se la conceda dado el enorme escándalo que ha la matanza en Filipinas.
Para evitar una rebelión del clan, el Gobierno declaró la ley marcial en Maguindanao y detuvo a todos los miembros de la dinastía, entre ellos el todopoderoso patriarca.
por otra parte, la Comisión Electoral de Filipinas ha eximido a los militares privados de la prohibición total de llevar armas de fuego en público, una norma decretada para reducir la violencia que provocarán las elecciones presidenciales del próximo mes de mayo. La ley, que permanecerá vigente hasta el 9 de junio, un mes después de las elecciones, deja fuera a estos ejércitos privados con los que los caciques provinciales controlan a sus rivales políticos.
Hace tres años, las últimas elecciones se saldaron con unos 200 fallecidos, la mayoría a manos de mercenarios pagados por los candidatos que luchaban por controlar decenas de miles de cargos provinciales y municipales. Esos asesinos a sueldo integran hasta 132 ejércitos privados que siguen campando a sus anchas por el archipiélago.