EFE. LA HABANA.
El Gobierno cubano ha cambiado de manos pero mantiene una vieja "maquinaria represiva" con la que continúa violando los derechos humanos y, escudándose en la "ley de peligrosidad", encarcela a personas que intentan ejercer sus derechos y, en algunos casos, hasta a los desempleados.
Esa es la principal denuncia que se desprende de un análisis divulgado ayer por Human Rights Watch, en su primera evaluación sobre la situación en Cuba desde que Fidel Castro transfiriera el control del Gobierno a su hermano Raúl en julio de 2006 y la Asamblea Nacional lo eligiera presidente en febrero de 2008.
HRW, que también ha criticado medidas represivas en Colombia y Venezuela, dijo que el encarcelamiento, las palizas, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso son algunas de las tácticas que usa La Habana contra los detractores de sus políticas.
El informe de 60 páginas, titulado Un nuevo Castro, la misma Cuba, se apoya en más de 60 entrevistas realizadas entre junio y julio pasado con diversos actores de la sociedad civil en siete de las 14 provincias de Cuba, y no tuvo la venia del Gobierno. HRW destacó la llamada "ley de peligrosidad", "la más orwelliana de todas las leyes cubanas" y con la que, con claros fines políticos, el Gobierno encarcela a personas antes de que hayan cometido un delito, con la sospecha de que "puedan cometerlo en el futuro".
El organismo recomendó que la comunidad internacional dé un plazo de seis meses para la liberación de los presos políticos y evalúe posibles medidas punitivas si el Gobierno no cumple con esos requisitos.
