Human Rights Watch denuncia cárceles secretas en China

EFE El Gobierno de China mantiene una red de cárceles secretas en las que incomunica hasta varios meses a un gran número de personas que son sometidas a tratos denigrantes, denunció Human Rights Watch (HRW) en un informe divulgado hoy.

HRW recuerda que el Gobierno chino ha negado en varias ocasiones la existencia de esas cárceles, una de ellas en el informe sobre la revisión de la situación en el país que publicó en junio de 2009 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El documento titulado "Un callejón al infierno" acusa a las fuerzas de seguridad chinas de secuestrar de manera rutinaria a ciudadanos en las calles de ciudades como Pekín, a menudo por razones políticas, para trasladarlos a estos centros clandestinos que llama "cárceles negras".

Suelen estar situadas en hoteles propiedad del Estado, residencias de ancianos y hospitales siquiátricos, según la organización de derechos humanos, que cita el testimonio de personas que dicen haber pasado por esas instalaciones secretas.

Los guardias que custodian las "cárceles negras" suelen cometer abusos contra los detenidos, desde el robo de sus posesiones, a agresiones físicas e intimidación, así como privación de sueño, comida y atención médica, según el informe.

"La existencia de 'cárceles negras' en el corazón de Pekín convierte en una farsa las declaraciones del Gobierno chino sobre la mejora de los derechos humanos y el respeto a la ley", expresó en un comunicado la directora para Asia de HRW, Sophie Richardson, quien exigió el cierre inmediato de esas prisiones secretas.

Los autores del documento afirman que los detenidos suelen ser ciudadanos de áreas rurales que acuden a las ciudades para presentar quejas ante las autoridades de atropellos como la apropiación de terrenos, casos de corrupción de funcionarios públicos o el uso de torturas por policías.

Las supuestas víctimas entrevistadas por la organización de derechos humanos dicen que los secuestraron en la calle individuos que no explicaron el motivo de su detención, ni les mostraron una orden de arresto, ni les informaron de cuánto tiempo permanecerían recluidas.

"Dos personas me arrastraron por el pelo y me subieron a un automóvil. Luego me tiraron en una habitación con dos mujeres que me arrancaron la ropa, me golpearon la cabeza y me propinaban patadas en el cuerpo", relata una mujer de 46 años de la provincia de Jiangsu que la organización considera una ex detenida.

Human Rights Warch añade que las cárceles han sido creadas por autoridades locales con el consentimiento de las fuerzas de seguridad para evitar la acumulación de quejas ciudadanas que puedan empañar su gestión y poner en peligro su futuro profesional.

Entre los detenidos hay incluso menores de edad, lo que supone una "violación flagrante del compromiso de China con la protección de los derechos de la infancia", denuncia la entidad humanitaria.

Una adolescente de 15 años declaró a HRW que fue secuestrada en las calles de Pekín, a donde había acudido a presentar una queja en nombre de su padre discapacitado, y encerrada durante dos meses en una residencia de ancianos.

La aparición de estas "cárceles negras" coincidió con la derogación de las leyes que autorizaban la detención arbitraria de personas que no fueran residentes de la localidad y de vagabundos, según el informe.

Menciona también que los centros de detención clandestinos se han convertido en un método secreto para deshacerse de personas que las autoridades consideran "indeseables".