El derrocado presidente de Honduras Manuel Zelaya establece cuatro puntos que califica de "imperativos" como condición previa a cualquier diálogo para solucionar el conflicto: de un lado, reclama "el cese de toda actividad de carácter represivo a las garantías constitucionales". Asimismo, exige el "restablecimiento de una irrestricta libertad de expresión e información", así como la "rehabilitación inmediata" de los medios de comunicación zelayistas "arbitrariamente cerrados". El gobierno de Zelaya, refugiado desde el 21 de septiembre en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, reclama también el "cese del hostigamiento y acoso a la sede diplomática" brasileña en la capital hondureña. Por último, demanda la "libertad garantizada e incondicional" de Zelaya a "recibir y dialogar con los representantes de cualquier sector de la sociedad hondureña".