EFE. NAIROBI
Al menos 31 personas resultaron muertas hoy en los enfrentamientos ocurridos entre dos comunidades rivales en el centro de Kenia, informaron los medios locales.
Los sucesos se iniciaron de mañana entre los pokot y los samburu, dos comunidades tradicionalmente enfrentadas a causa del ganado y las tierras que comparten en el distrito de Laikipia, en el centro del país.
Las frecuentes fricciones, según la página de internet del diario "Daily Nation", se han exacerbado últimamente debido a la sequía y la hambruna que afectan a la población de la zona.
El portavoz del ministro de Seguridad, Orwa Ojode, confirmó a los medios los asesinatos y aclaró que, de los 31 fallecidos, 22 pertenecían a la comunidad samburu y nueve a la pokot.
Aunque el origen de los enfrentamientos aún no se ha aclarado, el robo de cien cabezas de ganado esta mañana apunta a que se trate de una disputa por la posesión de los animales, de los que viven ambas comunidades.
Ojode, que viajó a la zona del conflicto, dijo que, según sus informaciones, "incluso algunos niños han sido asesinados", aunque indicó que daría una versión más completa una vez en el lugar.
Los enfrentamientos se producen cinco días después de que un parlamentario de esa zona, Joseph Lekuton, alertara sobre el aumento de la inseguridad en distintas partes de Kenia.
Por su parte, el parlamentario del este de Samburu Raphael Letimalo acusó al Gobierno de "desarmar a las comunidades de forma selectiva, ya que sólo se arrebatan las armas a los samburu".
Letimalo se refería a un programa de desarme de ciertas comunidades, entre ellas los samburu, los pokot y los turkana, que el Gobierno trata de llevar a cabo para frenar la violencia en esas provincias.
A pesar de que estos conflictos se asocian a la grave sequía que padece Kenia este año, que ha destruido cosechas y diezmado el ganado, las comunidades enfrentadas mantienen problemas desde hace décadas por problemas de tierras y la desatención del Gobierno central.
Los enfrentamientos de hoy hacen revivir lo ocurrido el año pasado, cuando más de 1.500 personas murieron y 140.000 quedaron desplazadas después de que se denunciase fraude en las elecciones por parte de la oposición.
El Gobierno de coalición que puso fin al conflicto es visto por comentaristas locales y organizaciones de derechos humanos como una solución a corto plazo para ocultar lo que consideran el fondo de los problemas: la desigual política, la mala distribución de las tierras y el anticuado texto constitucional.