EFE
Sotomayor juró su cargo como la primera juez hispana del Tribunal Supremo de EEUU a principios de agosto en un acto oficiado por el presidente del organismo, John Roberts, quien estará presente también en la ceremonia de hoy.
La magistrada de origen puertorriqueño de 55 años es la tercera mujer en ocupar uno de los nueve puestos vitalicios del Supremo en los 220 años de historia del tribunal.
La juez tendrá que ponerse manos a la obra mañana mismo cuando el Supremo, que tradicionalmente comienza su periodo de sesiones en octubre, realiza una sesión especial para escuchar los argumentos del caso "Ciudadanos Unidos vs FEC (Comisión Federal Electoral)".
Los jueces considerarán si eliminar las restricciones sobre el apoyo corporativo a los candidatos políticos.
El tribunal decretó en 1990 que dada su "inmensa" riqueza, las empresas tenían la capacidad de silenciar las voces individuales en el diálogo político en el país.
En "Austin vs la Cámara de Comercio de Michigan" el Supremo respaldó una ley estatal que prohibía a las empresas utilizar sus beneficios para financiar anuncios a favor o en contra de candidatos políticos.
Ese precedente se reforzó en el año 2003 cuando el tribunal respaldó la ley de financiación electoral federal conocida como McCain-Feingold, que limita la influencia de empresas, sindicatos y otros grupos de interés en las campañas.
Los jueces decidirán el miércoles si eliminar ese tipo de restricciones.
Los magistrados conservadores Anthony Kennedy, Antonin Scalia y Clarence Thomas están a favor de anular "Austin vs la Cámara de Comercio de Michigan" y han criticado las restricciones de la actual legislación sobre financiación electoral.
Los jueces progresistas John Paul Stevens, Ruth Bader Ginsburg y Stephen G. Breyer están a favor de las restricciones, al igual que lo estaba David Souter, que se jubiló recientemente y a quien sustituye Sotomayor.
Los analistas esperan que debido a la trayectoria de la magistrada hispana vote en la misma línea que Souter.
Los grandes interrogantes son Roberts y Samuel Alito, que se han mostrado a favor de reducir las limitaciones, pero hasta la fecha han sido reacios a declarar inconstitucionales las prohibiciones sobre los ggastos empresariales en política.
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