WILFREDO GARCÍA
Lejos de terminar, la crisis política que afecta a Honduras desde enero se trasladó ayer al campo diplomático, tras la expulsión del presidente Zelaya y su sustitución por Roberto Micheletti. Completamente aislado en el frente interno, en el que se ganó el apoyo de la gran mayoría de las fuerzas políticas, los órganos de poder como el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, así como las iglesias, cámaras empresariales y otras organizaciones, Zelaya cuenta ahora con la gran baza del apoyo unánime de la comunidad internacional.
Desde Washington hasta Caracas, pasando por los bloques regionales y las organizaciones internacionales, el desplazado Zelaya es reconocido como el presidente legítimo de Honduras y las capitales adelantaron que no reconocerán a Micheletti como el nuevo mandatario hondureño. Los gobiernos de la región, de la Unión Europea y los organismos internacionales consideran que hubo golpe de Estado y apoyan a Zelaya al tomar cuenta de que fue detenido y expulsado del país primero por los militares y sólo después fue convocado el Parlamento para conocer su "renuncia" y proceder a su posterior destitución.
Los adversarios de Zelaya habían preparado su destitución desde el jueves, cuando nombraron una comisión parlamentaria para investigar las actuaciones del mandatario, pero supuestamente suspendieron la misma tras negociaciones entre el presidente ahora destituido, Micheletti y el jefe militar Romeo Vásquez Velásquez, según fuentes políticas. Conocedor de esta situación, Micheletti trató de destacar en su primera rueda de prensa que en Honduras "no ha habido un golpe de Estado, sino una sucesión presidencial constitucional".
La Constitución establece que a la falta del presidente, asume el vicepresidente (cargo vacante) y que el siguiente en la sucesión presidencial es el titular del Congreso Nacional (parlamento), cargo que ocupaba Micheletti. Previamente 123 diputados votaron por unanimidad "improbar" la gestión de Zelaya por violar 94 leyes, faltar a sus deberes constitucionales y no respetar el Estado de derecho.
De manera que ahora empieza la lucha entre los países que apoyan a Zelaya y Micheletti, el Congreso, la Corte Suprema, las Fuerzas Armadas y demás sectores que opusieron tenaz resistencia a Zelaya y a su proyecto de convocar a una Asamblea Constituyente.
En las últimas encuestas, la popularidad de Zelaya rondaba el 15%, según Cid Gallup. Pero Micheletti, que cuenta con el apoyo de la clase política, económica e institucional, tampoco goza de mucho apoyo popular.