Los derechos humanos pagan la factura de la crisis mundial

Amnistía Internacional denuncia que la mitad de los países aún torturan, entre ellos España

OTR. MADRID. La organización humanitaria Amnistía Internacional denuncia que la actual crisis económica mundial ha contribuido a agravar los abusos contra los derechos humanos y ha incrementado los problemas sociales de la población. "Si los Derechos Humanos se pisotearon antes en nombre de la seguridad, ahora se relegan al último puesto en nombre de la recuperación económica", denuncian. Destacan que algunas de las peores violaciones de los derechos humanos se registraron en 2008 sobre todo en países del G-20.

"La atención mundial está centrada en la crisis económica", por debajo de ella "hay una crisis gravísima de Derechos Humanos que no es nueva y se deriva de épocas de inacciones y de falta de compromiso por parte de los Gobiernos, pero que se ha agravado con la actual crisis económica", declaró ayer en Madrid la directora de la sección española de AI, Eva Suárez-Llanos, con motivo de la presentación del informe de 2009 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo.

En un planeta en el que "960 millones de personas se van a la cama con hambre, días tras día" y en el que "1.300 millones de personas no tienen acceso a atención médica y 2.500 millones no tienen servicios sanitarios adecuados", la crisis económica ha creado "nuevas y mayores violaciones de derechos humanos, en especial un aumento de la represión de las protestas contra esta recesión económica".

La comida como arma política

Según la directora, la crisis no sólo consiste en escasez de comida, empleo, agua o vivienda, sino también en "privación, discriminación y aumento de la desigualdad, la xenofobia y el racismo, la violencia y la represión en todo el mundo". Por ejemplo, afirmó, a pesar del crecimiento económico registrado en Brasil, México e India, las comunidades indígenas y otros grupos marginados de estos países "se han visto privados de derechos básicos". "Cientos de miles de personas de barrios marginales y comunidades urbanas han sido desalojadas de sus hogares, ya de por sí precarios", en numerosos países, prosiguió, gracias en gran medida a que el hambre y las enfermedades han aumentado a causa del incremento de los precios de los alimentos y algunos Gobiernos. Sirven los ejemplos de Birmania y Corea del Norte, que "utilizan la comida como arma política".

Los abusos del G-20

La crisis, según el informe, también ha contribuido a que continúe o aumente la discriminación y la violencia contra las mujeres y ha derivado en políticas más restrictivas en materia de inmigración por parte de los países de acogida y tránsito "para mantener a los migrantes fuera de sus fronteras", manifestó Suárez-Llanos. "La UE es uno de los peores ejemplos y ha llevado la iniciativa en esta actitud en connivencia con Gobiernos como los de Mauritania, Marruecos y Libia", agregó.

Según Amnistía Internacional, los países del G-20 (las economías más poderosas y las emergentes) "deberían dedicar a los derechos humanos al menos tanto esfuerzo como el que dedican a reactivar la economía". "Ignorar una crisis para concentrarse en otra es la receta perfecta para agravar las dos", argumenta la directora de AI-España, que crítica con dureza que sean precisamente los países del G-20 los que hayan protagonizado algunas de las más flagrantes violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, el 78 por ciento de las ejecuciones registradas en el mundo se produjeron en países del G-20, en especial China, Arabia Saudí y Estados Unidos. En 2008 se registraron ejecuciones extrajudiciales en el 35% de los países del mundo y en el 47 por ciento de los miembros del G-20.

Además, el 50% de los países torturaron (entre ellos España). Dos ejemplos destacados de ello son Estados Unidos y China. Por una parte, Washington "no acepta la idea de derechos económicos, sociales y culturales", como revela el hecho de que sea el "único miembro del G-20 que no ha ratificado el Pacto de Derechos Culturales y Sociales", indicó la directora. Por otra, Pekín "no respeta los derechos civiles y políticos", concluyen.