La norma que ha generado más controversia es la que establece el delito de inmigración irregular. A partir de ahora los extranjeros que no tengan los papeles en regla tendrán que pagar una multa de entre 5.000 y 10.000 euros.
Además, la Cámara de Diputados amplió de dos a seis meses el periodo que los inmigrantes ´sin papeles´ deben transcurrir en los centros de identificación y expulsión para facilitar que el proceso de repatriación se lleve realmente a término, al dar más tiempo a las autoridades para tramitarlo.
Otra de las medidas impone a los extranjeros el pago de entre 80 y 200 euros si quieren obtener el permiso de residencia. Para conseguir la ciudadanía italiana, en cambio, tendrán que pagar 200 euros.
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