La Junta Militar legitima su autoridad mediante un decreto constitucional

La Junta Militar que ha tomado el poder en Mauritania ha decretado una ordenanza constitucional para legitimar su autoridad y gobernar provisionalmente el país, en medio de protestas nacionales e internacionales que piden la vuelta a la legitimidad.

EFE Para remediar una situación inconstitucional provocada por el golpe de Estado contra el primer presidente elegido de manera democrática en Mauritania, Sidi Mohamed Uld Cheij Abdalahi, la Junta se ha autoproclamado Alto Consejo de Estado y ha decretado una ordenanza no incluida en la Constitución revisada y votada por referéndum en 2006.

La actual Carta Magna fue sometida a referéndum popular por los militares que en agosto de 2005 derrocaron al antiguo presidente, el coronel Muauia Uld Taya, que se hizo con la presidencia del país después de un golpe de Estado.

Según esta Constitución, toda revisión debe pasar por un referéndum popular o por un voto en el Parlamento, y cuando el presidente de Estado no puede ejercer sus funciones, es el Consejo Constitucional quien define las modalidades de las elecciones presidenciales.

Con el nuevo decreto, el Alto Consejo de Estado (ACE) se ha autoproclamado con el derecho de ejercer los poderes necesarios para la reorganización y la conducción de los asuntos del Estado durante el tiempo necesario hasta la organización de esos comicios.

Dicha ordenanza considera que la legitimidad constitucional está provisionalmente representada por el ACE, y particularmente por su presidente, el general Mohamed Uld Abdelaziz, que desde ahora preside el Consejo de ministros y las otras instancias que la Constitución sitúa bajo la presidencia de la República.

A pesar de que se han mantenido las otras instituciones estatales, la Junta Militar se ha reservado el poder de "ordenar por decreto las medidas de fuerza legislativa necesarias para garantizar la continuidad de los poderes públicos y la libertad y transparencia de las elecciones presidenciales previstas".

Esta sustitución del poder de Abdalahi, que fue alzado democráticamente, por otra institución militar no elegida por el pueblo, no tiene ninguna legitimidad constitucional, según esa misma Carta Magna que los miembros del actual ACE sometieron a referéndum en 2006 cuando llegaron al poder tras el golpe de Estado de 2005.

El profesor de la Universidad francesa de Le Havre Lô Gurmo considera, por ello, que el nuevo decreto constitucional "es un acto de alta traición".

"No tiene ningún valor jurídico y los parlamentarios y autoridades que la apliquen van a violar la Constitución", señaló a EFE este abogado, según él cual los parlamentarios que la aprueben "anuncian automáticamente su dimisión colectiva".

"Con este decreto, nos situamos en una situación clásica de ruptura constitucional, es decir, una situación de cambio de régimen destinado a consagrar el golpe de Estado", lamentó el jurista.

Para él, "las autoridades de hecho intentan imponerse estableciendo su propia ley, frente a la ley que estaba en vigor", y no pueden hacer creer que modificándola la mantienen, algo "contradictorio y jurídicamente imposible puesto que es la propia ley quien debe determinar las condiciones de su rectificación".

En ese sentido, aseguró que la actual Carta Magna "ha sido violada justamente al infringir las reglas que prevén su cambio", para el cual recordó que hace falta organizar un referéndum popular tras la aprobación de las dos cámaras del Parlamento.

Ese proceso, según el profesor, se emprende "a iniciativa de las propias cámaras parlamentarias o del presidente de la República, que convoca al Parlamento", lo que en estos momentos no puede llevarse a cabo dado que el ex jefe de Estado se encuentra arrestado y no ejerce sus funciones.

Mientras las divergencias ante esta situación constitucional prevalecen entre los partidos políticos de Mauritania, los sindicatos y las organizaciones de derechos humanos piden la vuelta del presidente depuesto para respetar la legitimidad.

Asimismo, en el ámbito internacional la condena contra el golpe de Estado es unánime, ya que en la era moderna, según han sostenido representantes de organizaciones y diversos países, no se puede aceptar el cambio por la fuerza de un presidente elegido de manera democrática, sean cuales sean los motivos.