El Gobierno italiano rechaza la violencia contra inmigrantes mientras continúa con las redadas

EFE. ROMA. El Gobierno italiano rechazó ayer la violencia vivida en Nápoles contra campamentos de gitanos, en su mayoría originarios de Rumanía, al tiempo que continuó con las redadas para la expulsión de extranjeros, pese a las críticas recibidas.
El ministro del Interior, Roberto Maroni, perteneciente a la Liga Norte, partido aliado del primer ministro, Silvio Berlusconi, calificó de "injustificables" los incendios, días atrás, de cinco campamentos gitanos vacíos en Nápoles. "Se puede evitar que la rabia prevalezca sobre las reglas de la convivencia civil y que se repitan episodios de injustificable violencia como los que se han producido lamentablemente en Nápoles", dijo el ministro.
Sin embargo, aseguró que el Estado dará todo el apoyo necesario "para mejorar la seguridad" de Italia. Es intención del Gobierno "gestionar con orden y rigor la inmigración interna y externa de la Unión Europea para garantizar la convivencia pacífica, de hoy y del mañana, de todos los pueblos", agregó Maroni. Mientras Maroni pronunciaba esas palabras, once rumanos con antecedentes penales fueron expulsados en un vuelo directo a Bucarest.
Además, durante la noche, se llevaron a cabo en Roma tres controles y redadas en otros tantos campamentos de gitanos en busca de emigrantes ilegales, donde fueron apresadas cincuenta personas que no tenían los documentos en regla. Tanto la violencia vivida en Nápoles como el anuncio y puesta en marcha de la expulsión de los inmigrantes que están en Italia de forma ilegal se producen apenas llegado Berlusconi al poder.

Campaña

Berlusconi y sus socios hicieron de la persecución de la pequeña delincuencia común y la inmigración ilegal una de las principales banderas en su reciente campaña electoral y, después, en su programa de Gobierno para esta legislatura. El primer ministro anunció que el próximo día 21 el Consejo de Ministros aprobará un decreto-ley sobre seguridad pública y lucha contra la inmigración ilegal.
Hasta el momento, nadie en Italia parece objetar las actuaciones y anuncios del Gobierno, que no han tenido respuesta por parte de la oposición. El diario Corriere della Sera publicó ayer que el presidente de la República, Giorgio Napolitano, se ha mostrado "cauto" sobre el decreto-ley y exigió para su entrada en vigor requisitos de "urgencia y necesidad". Esas observaciones han sido interpretadas como una resistencia al decreto por parte del jefe del Estado, pero el alcalde de Roma, Gianni Alemanno, de la derechista Alianza Nacional, dijo que el Gobierno estaba de acuerdo con él.