Antecedentes caso Palma Arena

El juez José Castro se declaró el pasado mes de febrero competente para seguir investigando, dentro del sumario por la presunta trama de corrupción del velódromo Palma Arena, el patrimonio del ex president del Govern del PP Jaume Matas, en un duro auto donde destacó los indicios sobre el elevado dinero negro manejado por el también ex ministro, citado a declarar para el próximo 23 de marzo. Castro argumentó que existen series indicios de que el ex president tomó decisiones unilateralmente y al margen de la legalidad sobre el velódromo y de que parte de los aproximadamente 50 millones de sobrecoste del Palma Arena pudieron acabar en el patrimonio de Matas.

El instructor desestimó la solicitud de nulidad de actuaciones de la parte de las pesquisas relativa a los elevados incrementos patrimoniales de Matas en su último mandato, entre 2003 y 2007, una petición cursada por el letrado Gregorio San José y apoyada por otros defensores, entre ellos Rafael Perera, letrado del ex ministro. San José argumentó que las casas o televisores de Matas no tenían nada que ver con el velódromo por una cuestión incluso temporal y pidió que la parte del patrimonio pasara a otro juez, sin especificar a quién.

Para Castro y la fiscalía anticorrupción, Matas fue el gobernante que pilotó el proceso de construcción y primeros eventos en el Palma Arena y tomó, al margen "del órgano colegiado que tenía competencia para ello", decisiones que causaron los 50 millones de sobrecoste. "La sospecha se va tornando en indicios de criminalidad cuando las decisiones de mayor trascendencia se hacen en favor de personas vinculadas de una u otra manera a Jaume Matas", añade el auto.

El juez expresa sus fundadas creencias de que parte de esos 50 millones de fondos públicos se desviaron a otros fines.

Sobre la fortuna de Matas, la resolución destaca que "han aparecido grandes sumas de dinero cuyo origen se está a la espera de ser justificado (por el propio ex president en marzo)". "En el supuesto de que las explicaciones (de Matas) no convencieran" y "se confirmaran las sospechas de que su injustificada fortuna tuviera su origen en las funciones públicas que (el ex president del Govern) desempeñó, una de ellas, no necesariamente la única, podría ser en buena lógica el Velódromo", razona el instructor.

El juez carga contra las defensas y les acusa de pretender conseguir que la investigación sobre el patrimonio de Matas "no la asuma absolutamente ninguno" y "se entierre lo más profundo posible para que nunca vuelva a aflorar a la superficie". Esa postura no casa, según el auto, con la repetida tesis de las defensas de que toda la fortuna de Matas puede justificarse.

El instructor también critica la postura de Rafael Perera que, en su día, pidió que Matas pudiera declarar ante la fiscalía anticorrupción en las diligencias sobre sus propiedades, "cuando los indicios de criminalidad no eran tan abrumadores". Entonces no solicitó su nulidad. Ahora, "cuando los indicios son de mucha más contundencia", sí que se busca la invalidez de esas pesquisas.

El magistrado llega a la conclusión de que "investigar el patrimonio de cuantas personas han tomado esas decisiones no es un capricho, ni un exceso de celo, sino una estricta obligación que viene impuesta por la más obvia de las congruencias instructoras". "No hacer esa investigación sería una ingenuidad imperdonable o, si no cupiere, un reproche más grave".

El auto del juez José Castro puede recurrirse ante la Audiencia Provincial por parte de las defensas.