Cañellas niega las irregularidades

El ex president del Govern balear Gabriel Cañellas negó el pasado miércoles, ante el juez de instrucción 7 de Palma Antoni Garcías, la existencia de irregularidades con los fondos recibidos por la Fundació Illes Balears, una entidad que él también preside desde hace años y que firmó dos convenios con anteriores consistorios de Andratx y relacionados con actividades en la Torre de Sant Elm. El juez interrogó como imputados a Cañellas y al ex alcalde de Andratx por el PP Eugenio Hidalgo y también encausó a otro ex primer edil de dicha localidad, Jaume Porsell Alemany, que en 2007 renovó el convenio con la fundación.

Cañellas, defendido por Josep Perelló, fue interrogado durante casi dos horas por una denuncia interpuesta por el actual consistorio de Andratx, representado por Pablo Alonso de Caso. Los denunciantes, apoyados por la fiscalía anticorrupción, sostienen que pudo haber una malversación de caudales públicos, un fraude a la Administración y una falsedad documental por dos convenios firmados por Ayuntamientos del PP en 2005 y 2007 con la Fundació Illes Balears, por los que esta entidad iba a recibir unos 90.000 euros para revitalizar y hacer actos en el antiguo Castillo de Sant Elm.

Esta torre fue comprada por la fundación en 1995 y, en virtud del convenio investigado, era cedida al consistorio para que hiciera allí los actos que estimara oportunos. El Ayuntamiento también se comprometió a sufragar los gastos de electricidad y mantenimiento del conjunto histórico.

Según los denunciantes, los fondos municipales entregados a la fundación no sirvieron para nada, puesto que en Sant Elm apenas se hicieron los actos tradicionales que siempre tenían ese escenario y nunca habían costado nada a las arcas públicas. Ayer la acusación particular aportó un convenio hecho con el Inestur cuando Joan Flaquer era conseller de Turismo y por el que la Fundació Illes Balears recibió, a través del Ayuntamiento, otros 30.000 euros de fondos públicos sin que se sepa su destino.

Aportaciones sin justificar

Cañellas declaró que, de acuerdo con la legislación sobre fundaciones y con los estatutos de Illes Balears, las aportaciones no tienen por qué justificarse, dado que "van en función de las finalidades globales de la fundación".

El ex president del Govern, que en 1998 fue declarado autor del cobro de un soborno pagado por la Compañía Concesionaria del Túnel de Sóller y ya prescrito, llevó al juzgado numerosa documentación para explicar las actividades de su entidad. La Fundació Illes Balears compró varias propiedades inmobiliarias emblemáticas de las islas y que forman parte del patrimonio artístico-cultural insular. Los investigadores quieren esclarecer si fondos de instituciones públicas fueron desviados a la fundación sin que ésta haya realizado ningún tipo de actividad útil para la ciudadanía. Cañellas explicó al juez que las aportaciones recibidas se han destinado a mantener y rehabilitar las propiedades y pagar los préstamos para dichas reformas.