14 detenidos en el marco de la Operación Voltor

La conexión entre el Consorcio de Informática Local de Mallorca, organismo dependiente del Consell que ayer fue registrado por la Policía durante varias horas, y el Instituto de Estudios Turísticos (Inestur), son dos contratos millonarios adjudicados en esta legislatura en virtud de un convenio para dar información turística con tecnologías avanzadas. Por otro lado, la comisión judicial que registró durante dieciséis horas la sede del Inestur se incautó de más de 400 expedientes administrativos sobre contrataciones y otros centenares de documentos sueltos, lo que da una idea del alcance de las pesquisas del caso Voltor.

El Consorcio de Informática Local de Mallorca está formado por varios Ayuntamientos y el Consell de Mallorca. En la pasada legislatura Francesc Buils fue conseller ejecutivo de Presidencia del Consell, departamento del que dependía el Consorcio de Informática Local. Buils, en esta legislatura fue nombrado conseller de Turismo, departamento en el que estaba integrado el Inestur.

Impulsó el convenio

Buils, desde la conselleria, impulsó el convenio entre el Consorcio y el Instituto de Estudios Turísticos para habilitar un sistema de suministro de información turística vía telefónica y basado en sofisticados sistemas de reconocimiento de la voz del llamante.

Una de las líneas de investigación pasa por esclarecer cómo se adjudicó ese contrato. Según fuentes empresariales, se produjo un primer concurso convocado por el Consell de Mallorca y por una cuantía de poco más de seiscientos mil euros y otra segunda licitación por más de un millón de euros. Otras fuentes hablaron de cantidades superiores.

Existen sospechas de que pudieron cometerse irregularidades en esos dos expedientes de contratación y también se quiere determinar si se produjo el pago de comisiones o sobornos.

La adjudicataria fue Minser (Mallorca Informática de Servicios), un grupo empresarial especializado en tecnologías avanzadas y que ha tenido también como clientes al Ibatur, Emaya, Imfof, Art Escènic, 112, varios ayuntamientos de las islas, entre ellos el de Palma, y otras importantes entidades públicas y privadas.

El prolongado registro en la sede del Inestur dejó agotados a los integrantes de la comisión judicial, pero parece ser que aportó importantes evidencias del entramado de corrupción.

En algunos de los expedientes y contratos revisados se detectaron pruebas de los sistemas para amañar las contrataciones y favorecer a los empresarios afines. Algunas de estas triquiñuelas fueron calificadas de burdas e, incluso, otras irregularidades descubiertas llamaron la atención por su carácter pueril e insólito.

Toda la documentación fue reseñada y foliada por la comisión judicial para poder ser utilizada en los numerosos interrogatorios a testigos e imputados celebrados entre el miércoles y ayer jueves.

El caso está bajo secreto sumarial desde hace varios meses cuando la fiscalía anticorrupción interpuso una querella en el juzgado de instrucción 10. Los 400 expedientes van a ser revisados.