Lo que parecía una misión imposible ayer se hizo realidad. El macrojuicio por el caso Kabul, el mayor procedimiento de la historia de Balears por narcotráfico, quedó visto para sentencia ayer a las tres de la tarde. El abogado de Francisca Cortés Picazo, La Paca, la conocida matriarca de Son Banya que se enfrenta a 18 años de prisión, recalcó en sus informes que no hay ninguna prueba de que ella sea la jefa de una organización de narcos. "No se puede condenar por el mito y la leyenda que se ha creado en torno a La Paca", indicó el letrado Carlos Portalo. "Desde hace más de siete años se insiste en que La Paca es la líder y la cabecilla del tráfico de drogas en toda la isla. Eso no es la realidad. La realidad es lo que se ha practicado en el plenario. Y no hay ninguna prueba de que Francisca Cortés participe en esta magna operación", manifestó el abogado.

Portalo comparó el mito de la matriarca con el de Robin Hood y citó una frase de una película en referencia a las quimeras que en ocasiones se confunden con la realidad: "Imprima la leyenda y dará la impresión que la leyenda es así". El letrado criticó que se haya personalizado el problema de la distribución de la droga en Mallorca en La Paca y añadió que en este procedimiento la acusada no ha reconocido su actividad en el narcotráfico. "Las conversaciones telefónicas son nulas. A La Paca no se le ha intervenido su teléfono y no es porque no lo tenga. No hay pruebas de que ella aparezca en las conversaciones. No hay pruebas de que participe en hecho delictivo alguno. Se le atribuyen funciones de jefatura en una organización pero no hay nada de eso", concluyó Portalo.

El representante de la matriarca insistió en que no era lo mismo un clan familiar que una organización y calificó de "deficiente" la instrucción del caso por parte de la Guardia Civil y la fiscalía. En este sentido, el letrado de uno de los hermanos Jodorovich, Carlos Echevarri, hizo hincapié en el "cúmulo de deficiencias" que a su juicio ha habido a lo largo de la investigación: "No hubo ningún tipo de control judicial. Se perdieron los envoltorios de la droga incautada. Se perdieron 154 CD con las conversaciones intervenidas. Se extravió la pericial toxicológica. No había visto un cúmulo de deficiencias así en mi vida".

Echevarri, que defiende a uno de los presuntos proveedores barceloneses de La Paca, argumentó que se había quebrado el derecho de defensa y a un proceso con todas las garantías. "Este juicio lo ha perdido la fiscalía por el afán de hacer un macrojuicio y de dar ejemplo. Ha primado la cantidad de procesados a la calidad de la imputación. Descuidaron la investigación. Y tampoco ayudó el reportaje de televisión donde apareció el fiscal y el capitán de la Guardia Civil encargados de este caso que se emitió mientras se desarrollaba el juicio. Esto no ayuda a la sala. Ninguna defensa salió en ese programa", apuntó el abogado, quien planteó la nulidad de los pinchazos telefónicos y la cosa juzgada, es decir, que su representado ya había sido enjuiciado y absuelto por otro tribunal.

Echevarri, como su compañero Josep Zaforteza, que asiste a otro de los hermanos Jodorovich, detalló que los hechos investigados en Barcelona y Palma eran los mismos y en las mismas fechas, en 2008. "Mi cliente está sentado aquí por su apellido", se quejó Zaforteza, quien alegó que no había pruebas de cargo contra su representado. Por su parte, Echevarri se refirió a la "imagen dantesca" que se tenía del poblado: "Hay un tema jurídico-político". El letrado José Ignacio Herrero ahondó en esta cuestión: "Son Banya fue creado mediante unos terrenos cedidos por el ayuntamiento de Palma en 1973. Se creó un gueto para que no molestasen determinadas personas. Si creamos un infierno, no nos arrepintamos después". Los 47 imputados en el caso Kabul se enfrentan a 526 años de cárcel.