El Ministerio de Industria comunicó días pasados que el 1 de enero de 2013 entrará en vigor un decreto ley que dará un giro importante al sector inmobiliario español. Según este decreto ley, toda vivienda en alquiler o a la venta deberá poseer un certificado energético.

El certificado energético es, en esencia, similar a la etiqueta que define la eficiencia energética de una nevera: el concepto es el mismo. La cuestión es que la certificación energética es ya un mercado que mueve cantidades ingentes de dinero en toda Europa. Se espera que su introducción en España creará miles de nuevos puestos de trabajo. Constituirá una nueva salida profesional para la mayoría de técnicos cuya titulación les otorga competencias en la materia.

Será sin duda una liberación para todos aquellos profesionales que, a pesar de su excelente formación, ven imposible acceder al mercado laboral y sus aspiraciones se ven truncadas a la vez que el paro se incrementa día a día. Estos profesionales, en su mayoría jóvenes, son ingenieros industriales, arquitectos y arquitectos técnicos.

En una situación distinta, disponer de profesionales tan preparados sería un gran patrimonio que ningún país dejaría escapar; sin embargo, en esta gris época que nos ha tocado vivir sus capacidades están totalmente desaprovechadas.

Con esta situación a la vista ha nacido una plataforma web, cuyo enfoque y propuesta profesional consideramos muy interesante: se trata de CertiFACIL.es.

A punto de completar su red nacional, CertiFACIL prioriza al consumidor por encima de todo. Ha sido creada por técnicos, y de ellos se nutre su fuerza de trabajo. Cuenta con el apoyo de jóvenes profesionales en todas las provincias españolas. Según nos manifiesta su portavoz Sr. Ramos en muchas de ellas ya se ha completado el número de afiliados que precisa su servicio y van a establecer listas de espera. Esperan alcanzar en pocas semanas los 2.500 afiliados que necesitan.

La magnitud y alta cualificación de esta red convierte a este grupo humano en un referente del sector para las sociedades mercantiles que poseen una extensa cartera nacional de activos inmobiliarios, ya que tienen capacidad para certificar 38.000 inmuebles al mes.

Una apuesta innovadora, cercana a la economía social, para un tiempo de crisis.