La promesa de Bruselas de acabar con los sobrecargos por utilizar el móvil en itinerancia en la UE de aquí a junio 2017 plantea muchos interrogantes a los consumidores y a las compañías telefónicas, preocupados por quién asumirá esos costes y si habrá un límite en el consumo de datos a nivel trasnacional.
Los consumidores han recibido bien la nueva propuesta presentada este miércoles por la Comisión Europea (CE), que rectifica un primer borrador que planteaba un límite de 90 días anuales al consumo de datos y llamadas en el extranjero, pero genera dudas sobre cómo desarrollar la cláusula de "uso razonable" basada en el "principio de residencia" del usuario.
El nuevo texto daría a los operadores la libertad de cobrar al consumidor si se detectan abusos en el consumo, para evitar fraudes como la compra masiva o la reventa de tarjetas para uso permanente fuera del país, dado que los costes de datos y llamadas difieren mucho entre un Estado y otro.
Está por ver ahora cómo se arbitran esos límites para evitar que el consumidor salga perdiendo, con una tarifa más elevada, o que los operadores tengan que asumir unos costes que hasta ahora estaban financiados por sus propios clientes.
Cuando un europeo sale de su país de origen y utiliza su teléfono, las compañías del país de destino cobran el uso del espectro radioeléctrico a la operadora de origen y esta aplica un coste -más elevado- al consumidor, por lo que ambas salen ganando, indicaron a Efe fuentes de la Eurocámara, que dará su opinión sobre la propuesta de la CE, al igual que los gobiernos de los Veintiocho.
El asunto se complica por las reticencias de algunos Estados miembros, que temen verse perjudicados: en países como Finlandia, por ejemplo, las tarifas telefónicas son muy competitivas, pero las operadoras, a menudo compañías locales, podrían perder frente a gigantes como Vodafone, Telecom y Orange, que jugarían con ventaja al disponer de su propia red en varios países.
Uno de los escollos de la abolición del roaming es el hecho de que no existan operadores paneuropeos, según coinciden varias fuentes comunitarias.
Los países con tarifas más beneficiosas también podrían negarse a que se pusiera coto a la barra libre de datos, algo que, salvo promociones especiales, no existe en España, pero sí en otros Estados miembros, indicaron otras fuentes comunitarias.
