La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que el coste fiscal de aplicar una renta mínima de 426 euros sería "relevante", del entorno de los 13.000 o 15.000 millones de euros, y ha advertido de que haría que el déficit público se situara por encima del 3 % del PIB.

El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, comparece hoy en la Comisión de Empleo del Congreso para evaluar la proposición de ley que se está elaborando sobre una prestación de ingresos mínimos para personas sin empleo, y que -en su opinión- se trata de una iniciativa "compleja" e "híbrida" ya que combina conceptos de renta básica con otros vinculados a un impuesto negativo.

Escrivá ha señalado que según está diseñada esta prestación, los posibles beneficiarios serían entre 1,9 y 2,2 millones de personas y el coste fiscal rondaría entre los 6.000 millones y los 13.000 millones de euros, aunque ascendería hasta los 15.000 millones cuando se añade el complemento adicional por cargas familiares.

Por lo tanto, ha señalado que el déficit se desbordaría entre medio punto y un punto y medio del PIB, lo que "nos llevaría fuera del 3 % y nos sacaría fuera de la senda de consolidación". La AIReF ha realizado esta proyección según la evolución económica y de gasto público desde el año 2002 hasta el 2020, por considerar que se trata de dos años económicamente neutrales.

Escrivá ha advertido de que el impacto de la aplicación de esta renta mínima es "relevante" desde el punto de vista de la sostenibilidad de las cuentas públicas y ha alertado de que aumentaría el desequilibrio financiero y de deuda de las diferentes administraciones, con lo que al final se terminarían aplicando medidas que "no cumplan en plenitud con los objetivos para los que estaban diseñadas".