Los españoles y sus empresas reducen deuda mientras que la del Estado sigue su avance y alcanza cotas inéditas en más de un siglo. Como acaba de recoger el Banco de España, el endeudamiento de los hogares ha bajado en casi 22.000 millones de euros en el último año y el de las sociedades no financieras lo ha hecho en 9.400 millones. Al mismo tiempo, el sector público ha elevado su pasivo en 31.864 millones, una cantidad que es casi exactamente igual al esfuerzo agregado que para desapalancarse ha realizado el sector privado. Es tentador afirmar que hogares y negocios dan así lecciones de comportamiento virtuoso a una Administración manirrota e ineficiente. Puede haber algo de ello, pero la realidad es más compleja.
La deuda privada y la pública han seguido la siguiente tendencia desde 2010, cuando a raíz de la crisis del euro comenzaron las terapias económicas de la austeridad y países como España se encaminaron hacia lo más hondo de la Gran Recesión: en ese año, la deuda agregada de hogares y empresas representaba el 198% del producto interior bruto (PIB) y la del conjunto del Estado, el 60,1%; siete años después, las proporciones han pasado a ser del 146% y del 100,4%, respectivamente. Cabe reconocer en esos números un comportamiento austero de los agentes privados, en parte inducido por la restricción de crédito durante buena parte del período, aunque también está en esas cifras el rastro del trasvase que se ha producido de la deuda privada hacia la deuda pública, conectadas en cierta medida como vasos comunicantes.
La deuda privada ha mutado en pública por varias vías. Los excesos crediticios del sector privado, alentados por la práctica bancaria irresponsable y por las reglas e incentivos fiscales que favorecieron la burbuja inmobiliaria, acabaron en el pasivo de los contribuyentes a través de los rescates bancarios, en una parte no menor desencadenados por las decenas de miles de millones de crédito de promotores que terminó en la casilla de los impagos. A resultas de ello, la deuda de las empresas descendía estadísticamente mientras la pública ascendía con las ayudas para apagar los incendios financieros.
Otro canal que conecta ambos tipos de deuda: la doble recesión económica, en cuyo origen están las vulnerabilidades económicas de España asociadas al altísimo endeudamiento privado del ciclo expansivo, se tradujo en niveles de paro que requirieron un multimillonario gasto en prestaciones y subsidios, a la vez que mutilaba las recaudaciones tributarias. El resultado: la escalada del déficit y de la deuda pública para financiarlo, que desde 2010 aumentó en más de medio billón de euros.
Recuperado el crecimiento económico, el comportamiento disímil de los sectores privado y público es evidente: el primero parece aprovechar esa mejoría para aligerar su carga; en el segundo, el Gobierno central y los autonómicos se muestran por ahora incapaces de frenar el ascenso de sus débitos a pesar de que el PIB ha encadenado tres años de crecimiento, dos de ellos a tasas superiores al 3%.
Lo más inquietante es la suma. Después de casi una década de crisis, el endeudamiento agregado de la economía española (246,4%, más de 2,5 billones de euros) sólo es ligeramente inferior al que tenía en 2010 (258,1%). Y el nivel de deuda externa neta (la dependencia de los prestamistas extranjeros) sigue muy alta, en el 88,7% del PIB, cuando según el criterio de la UE los riesgos empiezan a partir del 35%. La exposición del país ante posibles subidas de tipos de interés es por tanto mayúscula. Y antes o después, llegarán.
