22 de marzo de 2017
22.03.2017
Conflicto energético

Gas Natural demanda a Colombia ante la ONU

La multinacional reclama más de 1.000 millones de dólares por la liquidación de Electricaribe

22.03.2017 | 13:12

Gas Natural Fenosa ha solicitado hoy el inicio del procedimiento arbitral ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi) para reclamar a Colombia la devolución de su filial Electricaribe o una indemnización de más de 1.000 millones de dólares.

En un principio la multinacional pretendía que el arbitraje internacional por este contencioso quedara en manos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo que depende del Banco Mundial.

Pero finalmente se ha decantado por este otro ente de Naciones Unidas, un órgano jurídico de composición universal dedicado desde hace más de 40 años a la armonización de la legislación mercantil en todo el mundo.

La compañía española ha explicado hoy que pedirá en este procedimiento que el Gobierno colombiano le devuelva Electricaribe "en un marco regulatorio viable" y, en su defecto, que le compense por un importe superior a los 1.000 millones de dólares (unos 926 millones de euros).

El Gobierno colombiano intervino Electricaribe, compañía que proporciona electricidad a la zona del Caribe colombiano y que está participada en un 85 % por Gas Natural Fenosa, a mediados de noviembre y, tras cuatro meses de negociaciones infructuosas con Gas Natural, el pasado 14 de marzo anunció la liquidación de la sociedad.

La demanda ante la Cnudmi es la respuesta de la multinacional española a la liquidación, que el Gobierno colombiano prevé resolver en un año.

En la documentación presentada para solicitar el arbitraje, Gas Natural Fenosa argumenta "ausencia de trato equitativo y de seguridad jurídica en la actividad regulada en los últimos años" en Colombia y considera que la toma de posesión de Electricaribe "constituye una expropiación sin indemnización".

También carga contra "el hostigamiento" que, en su opinión, ha realizado el Gobierno de Colombia "sobre un inversor internacional y las personas a su servicio", mientras alega que ha intentado resolver por la vía amistosa sus diferencias con el Estado.

"La actitud del Gobierno de Colombia es contraria al espíritu de profundización de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia, conforme al Acuerdo de Libre Comercio, e impacta negativamente en el clima requerido para que se produzcan los flujos de inversión internacional hacia ese país", sostiene la empresa que preside Isidre Fainé.

A pesar de solicitar hoy el inicio del procedimiento arbitral internacional, Gas Natural Fenosa reafirma su voluntad de seguir negociando con el Gobierno de Colombia para alcanzar un acuerdo que le permita continuar operando Electricaribe y llevar a cabo las inversiones necesarias.

En esta ocasión, la multinacional energética ha optado por recurrir a la Cnudmi, el principal órgano jurídico del sistema de las Naciones Unidas en el ámbito del derecho mercantil internacional, en defensa de sus intereses, pero antes lo había hecho ante otros organismos.

Y es que Gas Natural recurrió al Tribunal Arbitral de París en el caso del conflicto con la argelina Sonatrach y se decantó por el Ciadi, que depende del Banco Mundial, en el conflicto con Argentina por las tarifas y en el contencioso con Egipto por la parálisis de la planta de Damietta, propiedad de Unión Fenosa Gas, participada al 50 % por Gas Natural y en ese mismo porcentaje por la italiana ENI.

Electricaribe proporciona electricidad a 2,5 millones de clientes de bajos recursos económicos y a la industria de la zona en los departamentos de La Guajira, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar y Magdalena, y estaba intervenida por el Gobierno colombiano desde el pasado 15 de noviembre.

El Gobierno colombiano y las autoridades locales del país justificaron la intervención de Electricaribe por los continuos fallos en el servicio y por la falta de inversiones de Gas Natural Fenosa, mientras que la compañía española se quejaba de la falta de seguridad jurídica de su filial, aquejada por una elevada morosidad y fraude en la zona donde opera, y sostenía que, en esas condiciones, no podía seguir invirtiendo.

A principios de noviembre, Gas Natural dio a conocer que tenía provisionado el 83 % del importe de las facturas impagadas de Electricaribe, que por entonces ascendían a 1.259 millones.

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