16 de marzo de 2017
16.03.2017
Puertos

Tercer decreto rechazado en el Congreso en la democracia

La última vez que ocurrió fue en 2006, aunque ocurrió por un error en la votación de 30 diputados del PSOE

17.03.2017 | 16:17

Con el rechazo hoy por parte del pleno del Congreso del real decreto ley del Gobierno para reformar el sector de la estiba son ya tres las ocasiones en las que la Cámara Baja ha tumbado una figura normativa de este tipo, después de los precedentes de 1979 y 2006.

El real decreto ley es un mecanismo para legislar que aprueba el Consejo de Ministros y que requiere ser convalidado antes de 30 días en el Congreso.

Una limitación temporal que llevó al Gobierno a aplazar del 17 al 24 de febrero la aprobación del decreto sobre la estiba por parte del Consejo de Ministros, a la espera de que avanzaran las negociaciones entre la patronal y los sindicatos y con ello se sumara el apoyo parlamentario de otros grupos.

No ha sido posible debido a que el PP está en minoría en la cámara y a la abstención de Ciudadanos, por lo que este real decreto ha sido rechazado con 175 votos en contra, 142 a favor y 33 abstenciones.

Hay que remontarse al año 2006, en la primera legislatura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, para encontrar el precedente más cercano, aunque en este caso no fue técnicamente un rechazo del decreto, sino un error en la votación por parte de varios diputados socialistas.

Una treintena de diputados socialistas se equivocaron el 9 de febrero de 2006 cuando se votaba el real decreto ley por el que se aumentaban los tipos impositivos del impuesto sobre las labores del tabaco, de manera que fue rechazado por el pleno con 152 votos a favor y 169 en contra.

El decreto, que había sido aprobado por el gabinete de Zapatero el 20 de enero, fue derogado, y el Consejo de Ministros tuvo que aprobarlo de nuevo y llevarlo a pleno otra vez. Esa vez no hubo fallos y salió adelante.

La otra ocasión en la que no prosperó un decreto ley del Gobierno fue en 1979, cuando la Diputación Permanente del Congreso rechazó la convalidación de un decreto del Ejecutivo de Adolfo Suárez que prorrogaba la actuación de la Junta Central de Acuartelamiento.

Fue el 6 de febrero de aquel año, con las Cortes ya disueltas, y el propósito del decreto era prorrogar "por el tiempo indispensable" la actuación de la Junta Central de Acuartelamiento.

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