Las comunidades autónomas generaron en 2015 el 30,4% del déficit público español aunque tienen encomendada la gestión del 33% del gasto público nacional. Y tras un tercio de siglo de Estado autonómico, la deuda del conjunto de las regiones representa el 24,41% del endeudamiento total del Estado español.
Las regiones, responsabilizadas por el ministro de Hacienda en funciones del incumplimiento el año pasado por España del objetivo de déficit público pactado con Bruselas, incurrieron en 2015 en un déficit presupuestario de 1,66% del producto interior bruto nacional (PIB), menos de un tercio (30,4%) del descubierto fiscal (5,45%) que sumaron los tres niveles deficitarios de las administraciones públicas: Administración central, Seguridad Social (dependiente a su vez del aparato central del Estado) y comunidades autónomas. El superávit por cuarto año consecutivo de las administraciones locales redujo el saldo negativo final de España al 5% del PIB (5,1% con el rescate bancario), 0,8 puntos de PIB por encima de lo comprometido con Bruselas.
Sobre las comunidades autónomas se sostienen dos afirmaciones contradictorias. Una asevera que España es el país más descentralizado del mundo y otra mantiene que, siendo el más descentralizado, es responsabilidad de las autonomías que España tenga el segundo mayor déficit fiscal de la Unión Europea (sólo por detrás de Grecia) cuando es el aparato central del Estado el que, pese a esa descentralización, sigue generando el grueso del desfase presupuestario. Descontada la aportación positiva de las administraciones locales, el aparato central del Estado fue culpable en 2015 del 69,54% del déficit: el Gobierno central causó el 46,4% y la Seguridad Social, el 23.11%.
Menos saldo negativo
Durante la pasada legislatura (2011-2015) las regiones redujeron su saldo negativo en el 50,44%, 3,13 puntos menos de lo que la hizo Administración central, que redujo el suyo en el 53,57%. Sin embargo, el esfuerzo de ajuste presupuestario de las administraciones dependientes del Gobierno de España (administración central más Seguridad Social) fue del 33,28%, 18,16 puntos de PIB menor que el que hicieron las autonomías.
El centro de atención y el verdadero peligro de desequilibrio presupuestario no están, como se pretende, en las comunidades autónomas, sino en la Seguridad Social. Mientras las comunidades autónomas mejoraron su rigor presupuestario en el equivalente a 1,69 puntos de PIB entre 2011 y 2015 (sólo 0,22 décimas menos de lo que lo hizo el acumulados de las administraciones centrales), los fondos de la Seguridad Social empeoraron su situación durante la legislatura en 1,16 puntos de PIB, lo que supone una deterioro del 1.160% respecto a su déficit de 2011 (0,1%).
Este incremento obedece al envejecimiento demográfico, la jubilación de trabajadores con cotizaciones mayores, la caída de los afiliados y ascenso del paro, y la reducción de las cotizaciones como consecuencia de las rebajas salariales y del empeoramiento de las condiciones contractuales tras las dos reformas laborales.
De modo que mientras el ministro Cristóbal Montoro cargaba contra las regiones, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) alertó sobre la bomba de relojería del déficit de la Seguridad Social, que, es dijo el 6 de abril, donde va estar "el gran déficit de financiación". Fue ese mismo día cuando reprochó al Gobierno su "déficit de autoridad moral para aplicar medidas y disciplinas en las autonomías".
Diversos economistas citados coincidieron en señalar que "las comunidades autónomas llevan la fama y la Seguridad Social carda la lana," y que es en el sistema público de previsión -cuya gestión tiene encomendado el Gobierno central- donde, como anticipó la Airef, se concentra el mayor riesgo de nuevo incumplimiento en 2016, pese a que el ejecutivo en funciones ha elevado unilateralmente el objetivo de déficit más allá de lo comprometido con la Comisión Europea, que se pronunciará al respecto en mayo.
El duro reproche del ministro Cristóbal Montoro el 31 de marzo a las regiones se fundamenta en la desviación en la que incurrió cada nivel de administración. Pero este incumplimiento se establece respecto a un margen de déficit que decidió Montoro de modo unilateral, y que diseñó con ventaja para el Gobierno central. Montoro decidió reservarse para sí y para su Gobierno el 69% de todo el déficit (4,2% del PIB) autorizado a España por Bruselas en 2015 y el 83,33% si se suma la Seguridad Social. Pese a tamaña holgura, el conjunto del aparato central del Estado se desvió al alza 0,29 puntos de PIB respecto a su propio compromiso.
Por el contrario, a las comunidades autónomas, que gestionan el 33% del gasto público español (y partidas como sanidad, educación, justicia y otras, que son expansivas con independencia del ciclo económico), sólo les concedió el 16,66% del margen total que había otorgado la UE a España, de modo que el Gobierno de Rajoy se descargó de parte de la disciplina presupuestaria exigiendo a las regiones que acometieran el 66% del esfuerzo total demandado a España por la UE. Montoro acaba de rectificar y para 2016 ha concedido a las regiones cuatro décimas más de margen.
"Perfectamente alcanzable"
Por su parte, el ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, negó ayer que la economía española necesite ajustes tan duros como los acometidos en 2012 para cumplir con el nuevo objetivo de déficit flexibilizado al 3,6% del PIB para este año.
"Es perfectamente alcanzable", dijo en la Cadena Cope, y puntualizó que los datos en España "no muestran una desaceleración profunda, en absoluto, sino una desaceleración marginal de una décima". El ministro ha estimado que la economía española habría crecido el 0,7% en el primer trimestre del año en tasa intertrimestral, tal como prevén los servicios de estudio del Banco de España, e indicó que este ritmo supondría un crecimiento anualizado del 3,5%, "muy fuerte".
