Abengoa ha dado hoy otro paso clave en el camino de evitar el concurso de acreedores con la solicitud de una prórroga -bajo la fórmula de contrato de espera o "standstill" ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla- que le permita terminar de sumar los apoyos necesarios al plan de reestructuración.

El día en el que se cumplían los cuatros meses que fija la ley para conseguir un acuerdo y evitar el concurso, la empresa sevillana ha llevado ante el juzgado esta solicitud de aplazamiento con el apoyo del 75,04 % de los acreedores financieros, por encima del 60 % que fija la ley para este paso.

Un aplazamiento que, una vez autorizado por el juez, abre dos importantes ventanas.

Por un lado, un tiempo extra -de hasta siete meses- para lograr que ese respaldo del 75 % logrado para la solicitud del aplazamiento se traslade al plan definitivo de reestructuración, basado en el acuerdo que se alcanzó con los principales dueños de la deuda (alrededor del 40 %) y que dará lugar a una Abengoa más pequeña y controlada fundamentalmente por fondos de inversión.

Por otro, dejar en suspenso el "ejercicio de determinados derechos de resolución y vencimiento anticipado de financiaciones", lo que permitirá poder "reactivar" la empresa: aliviar la situación de liquidez, desbloquear las desinversiones y reanudar la política comercial.

También presentará solicitudes similares de aplazamiento para hacer extensiva la protección y homologación del acuerdo a otros países donde está presente.

Tras esto, y una vez logrado ese 75 % de adhesiones necesarias, Abengoa llevará el plan definitivo que evite el concurso al Juzgado, algo que esperan poder hacer antes de que termine el mes de abril.

Todo deberá ratificarse también en una Junta Extraordinaria de Accionistas.

"Este es un paso clave en el proceso de reestructuración de Abengoa (...) que permite retomar el negocio con estabilidad", ha subrayado hoy el grupo en un comunicado donde también ha destacado que trabaja "intensamente" para cumplir con el plan de viabilidad de la compañía y "para dotarla de la seguridad financiera necesaria y la gestión que permitan el desarrollo de su potencial".

Un plan que, a grandes rasgos, dibuja una empresa más pequeña, centrada en la ingeniería y construcción, que se desprenderá de una serie de activos no estratégicos, entre ellos la división de biocarburantes de primera generación.

También será una empresa con una disciplina financiera fuerte, que utilizará menos recursos propios para sus proyectos.

Dejará así atrás lo que ha sido el principal escollo de todo el proceso: los 9.000 millones de euros de deuda que abocaron al grupo al preconcurso y que tienen que quedarse en un tercio para que sea viable.

Así, y según ese acuerdo alcanzado a principios de mes ya con los principales acreedores, el 70 % de esta deuda se convertirá en acciones del grupo, para suponer el 35 % del accionariado.

Junto a esto, será necesaria una inyección de capital de entre 1.500 y 1.800 millones, que concederá a los nuevos acreedores el 55 % de la compañía, es decir, su control.

Un grupo de fondos ya ha avanzado su compromiso con la suscripción de más de 1.000 millones con este fin.

Con estos planteamientos, los actuales accionistas del grupo verán reducida su participación a un 5 %, lo que supone que Inversión Corporativa -la sociedad de la familia Benjumea y otros socios fundadores que actualmente ostenta el 51 %- rebajará su participación al 2,5 %.

Los actuales accionistas podrán hacerse con un 5 % adicional si el grupo consigue devolver toda la deuda y sus costes financieros en cinco años.

Toda una serie de cambios que, una vez que se aplique el plan, dejarán atrás no solo el abismo del que habría sido el mayor concurso de acreedores de la historia de España, sino también el tradicional carácter familiar en torno a los Benjumea de la compañía sevillana, que con 75 años de historia ha vivido en los últimos meses su particular "vía crucis".