La nueva financiación autonómica será uno de los retos claves para el Gobierno en el próximo año 2014, aunque no será hasta el segundo semestre del año cuando se aborde una reforma que, por primera vez, irá paralela a la de la financiación local.
Después de cuatro años de andadura del sistema de financiación actual, que aprobó el anterior Gobierno del PSOE, las comunidades autónomas reclaman un nuevo modelo con el telón de fondo de Cataluña, ya que temen un posible trato de favor del Ejecutivo hacia esta comunidad para frenar las ansias soberanistas.
Sin embargo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha prometido hablar con todos los líderes regionales de la financiación sin salirse de la legalidad, mientras que desde el PP se ha asegurado que el objetivo es lograr un acuerdo que contemple a todas las comunidades autónomas en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
A pesar de que el nuevo modelo, según el PP, deberá respetar la Constitución, permitir la financiación de los servicios públicos básicos y garantizar la solidaridad entre territorios, muchos de los barones del partido se han mostrado críticos en los últimos meses al temer que se puedan producir "modelos a la carta".
Mientras el Gobierno asegura que el objetivo es "construir entre todos un sistema para garantizar la financiación de los servicios públicos en los distintos territorios de España", los líderes regionales apelan a la "solidaridad".
De este modo, los presidentes de Madrid, Ignacio González; Extremadura, José Antonio Monago; Murcia, Ramón Luis Valcárcel; Aragón, Esperanza Rudi; Baleares, José Ramón Bauzá; Castilla y León, Juan Vicente Herrera y La Rioja, Pedro Sanz, han apostado siempre por garantizar la solidaridad del sistema.
Entre los líderes regionales del PP que más han alzado la voz en los últimos meses, se encuentran el de Madrid, Ignacio González, quien no quiere modelos a la carta "para unos en contra de otros" y peleará para que no haya "agravios" como los que, en su opinión, quiere impulsar Cataluña.
Además en los últimos días ha subido la tensión entre Madrid y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, después de que este último haya dicho que González se equivoca al creer que en su ministerio "está la ventanilla" para que se le haga "candidato".
En respuesta a las críticas del presidente madrileño por la financiación autonómica, Montoro -en declaraciones a un diario económico- ha dudado de que los madrileños se crean "ese discurso", que califica de "absurdo", de que "un Gobierno del Partido Popular le quita dinero a Madrid para dárselo a Cataluña".
Además, el ministro ha afirmado que Madrid tiene un concepto de la solidaridad "bastante equivocado", por lo que ha argumentado que González no tiene razón al decir que su Gobierno es "más solidario que nadie", ya que en el pago de impuestos "no hay solidaridad" y "cada uno paga en función de su capacidad económica.
El último episodio de los ya numerosos desencuentros entre el Ejecutivo regional y Hacienda fue precisamente este lunes a cuenta del dato del déficit.
Mientras que la Comunidad cerró el mes de octubre con un déficit del 0,90 por ciento en términos de contabilidad nacional, el Gobierno central lo situó ayer en el 1,11 por ciento del producto interior bruto (PIB).
También ha sido sonada la iniciativa de la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho de reconocer una singularidad para Cataluña en el futuro modelo de financiación.
Sánchez-Camacho propuso el pasado mes de octubre a la dirección de su partido liderar una "nueva transición" en España como solución al proceso soberanista, basada en una revisión del modelo de financiación para Cataluña, a fin de que se respete el principio de ordinalidad entre comunidades.
Una propuesta que la dirección del partido se apresuró a decir que no hacía suya.
Por su parte, desde Aragón se reivindica un cambio en el sistema de financiación que tenga en cuenta factores como la densidad de población, la dispersión territorial y el envejecimiento, ya que esta comunidad tiene un 10 por ciento del territorio nacional, pero solo un 3 por ciento de la población.
Estas características del territorio, al igual que ocurre en Castilla y León, hacen que sea mucho más costoso llevar la Sanidad o la Educación al medio rural y es necesario garantizar los servicios básicos a toda la población, según ha señalado en numerosa ocasiones el Gobierno aragonés.
Junto a la financiación autonómica se dirimirá de forma simultánea la financiación local, a pesar de que siempre se habían abordado de manera separada.
Con ello se intentará evitar lo ocurrido en otras ocasiones, en el sentido de que las corporaciones locales se queden fuera de muchas de las medidas que se adoptaron en beneficio de las comunidades autónomas.
