Tras subir el IVA, retirar la paga de Navidad a los funcionarios, encarecer los servicios públicos y cercenar las prestaciones a los parados, el siguiente reto económico que se le plantea al Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy es la remodelación del sistema nacional de pensiones.
Aunque el presidente del Gobierno ya ha declarado en varias ocasiones sus intenciones de mantener las prestaciones por jubilación -utilizando siempre la fórmula ´de momento´ como un claro matiz que quizá adelanta acontecimientos-, muchos son los indicios que adelantan la reforma.
Los más claros son los distintos globos sonda lanzados desde Bruselas. Mario Draghi -presidente del Banco Central Europeo (BCE)- ha sido uno de los representantes políticos que ha defendido sin reservas la necesidad de cambiar el actual sistema de prestaciones por jubilación en España. Europa aboga por un modelo ´sostenible´, pidiendo además un aceleramiento de la entrada en vigor del retraso de la edad de ´retiro´ legal hasta los 67 años, añadiendo dos años más.
El otro gran impulso es el futuro borrador del rescate. Muchos son los que vaticinan que la Comisión Europea (CE) exigirá la reformulación del sistema de prestaciones por jubilación como un compromiso inviolable en la operación macroeconómica, necesaria para sanear el sistema financiero.
Los antecedentes -Grecia e Irlanda- confirman que la CE ya ha situado a la reforma de las pensiones entre los requisitos. De hecho, en el país heleno ya se debate la reducción de las prestaciones inferiores a los 700 euros.
En España hay 2,2 millones de jubilados que cobran entre 500 y 600 euros, conformando un grupo mayoritario cercano al 25 % en un global de 8,1 millones de perceptores. Cualquier remodelación general afectaría de forma decisiva a sus economías personales.
121 millones en 2013
El tema es, como poco, espinoso para el Gobierno. De momento, la defensa de los pensionistas es uno de los compromisos electorales que aún se están cumpliendo. Para los presupuestos de 2013 se ha aprobado una partida de 121 millones de euros, cumpliendo con la revalorización del 1 % estipulada por ley a través del Fondo de Reserva de 67.000 millones.
El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ya ha adelantado sus intenciones de endurecer las condiciones para las jubilaciones anticipada y parcial. Además, se prevé desligar la revalorización de las pensiones del Índice de Precios al Consumo (IPC) para el próximo ejercicio. En la actualidad, cuatro de cada diez ciudadanos en activo que deciden jubilarse lo hacen antes de los 65 años. Un total de 82.960 trabajadores ya han optado por la modalidad anticipada en los ocho primeros meses del año. Más de 110.000 personas en activo lo hicieron durante 2011. Todo apunta a un crecimiento paulatino desde el año 2009, cuando la crisis golpeó de forma global.
Las pensiones parciales también están en la picota. En España hay 121.207 beneficiarios de estas prestaciones. El Gobierno podría estar estudiando su desaparición, con el objetivo de ahorrar más de 2.000 millones. A su vez, la revalorización también supone un esfuerzo complementario a las arcas del Estado. Si se mantiene una inflación superior al 3%, el Gobierno deberá invertir más de 4.000 millones de euros en este apartado. La revisión se estudiará el próximo mes de noviembre. El Gobierno ya ha declarado sus intenciones de congelar este partida.
Cualquier medida supondrá un nuevo obstáculo para los pensionistas baleares, que cobran una ´nómina´ mensual menor a la media nacional.
