La Fiscalía Anticorrupción ha decidido esta semana investigar la gestión de la ex directora general de la CAM, María Dolores Amorós, basándose en las irregularidades que relatan los administradores designados por el FROB en su carta de despido. Estas son las más destacadas.

CUENTAS "ENGAÑOSAS"

Propuso declarar 81 millones

de beneficios en el primer semestre

Los nuevos gestores de la caja aseguran que las cuentas del primer trimestre de 2011, en las que se declararon unos beneficios de 39,8 millones, eran "engañosas" y "no se correspondían con la realidad" de la caja. Además, le acusan de querer repetir la jugada en el balance del primer semestre, en el que, frente a las pérdidas registradas de 1.136 millones, Amorós habría propuesto declarar 81,1 millones de ganancias. También hacen referencia a la creatividad contable utilizada en el balance de 2010, para el que se transfirieron créditos deteriorados a terceros y se obligó a las filiales a reducir sus reservas para generar más dividendos.

CRECIMIENTO INSOSTENIBLE

Recurrió en exceso a los mercados para financiarse

Los nuevos administradores también acusan a Amorós de mala gestión, tanto en su etapa de primera ejecutiva como en la que era número dos de Roberto López. Así, denuncian que la entidad creció "por encima de lo razonable" gracias a un excesivo recurso a los mercados mayoristas para financiarse, lo que ha disparado su riesgo. También censuran las numerosas operaciones de refinanciación de deuda con las que, a su juicio, se pretendía ocultar la elevada morosidad de la CAM (del 19% el pasado mes de junio) y no se asumieron, a su debido tiempo, las pérdidas que generaban estos impagos. También le acusan de ocultar esta información.

BENEFICIO PROPIO

Se aseguró una renta vitalicia de 370.000 euros anuales

La ya ex directora general pactó con el presidente de la caja, Modesto Crespo, el cobro de una pensión vitalicia de 370.000 euros anuales tras su jubilación. Para calcular esta prestación se tuvo en cuenta su sueldo como primera ejecutiva de la entidad –de 593.040 euros al año–, un cargo que todavía no ocupaba oficialmente en esa fecha. Se tendría que haber calculado, según el FROB, con su salario de directora general adjunta, que era mucho menor.