­Quizás fuera la fama de austero que precedía al presidente de Cajastur, Manuel Menéndez, o tal vez el temor a que la entidad no generase los suficientes fondos en los siguientes ejercicios. Pero el caso es que los directivos de la CAM decidieron acelerar los pagos del seguro que habían contratado para garantizarse una jubilación dorada pocos días después de que se anunciara el acuerdo de integración con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura.

Para ser exactos fue el 20 de junio de 2010, la misma semana en que los cuatro socios aprobaron una solicitud de 1.493 millones de euros al FROB para sufragar los gastos de su fusión, cuando la CAM abonó a la aseguradora una prima de 25,6 millones de euros, liquidando de una sola vez todos los pagos previstos para los siguientes tres años y medio, según consta en el informe que los nuevos administradores de la entidad redactaron para justificar el despido de la ex directora general, María Dolores Amorós.

Con esta aportación, la cifra total de la póliza sumaba ya 57,9 millones para cubrir el retiro de sólo 13 personas, las que formaban el comité de dirección de la caja, que además también tenían derecho a cobrar su correspondiente prestación de la Seguridad Social y el fondo de pensiones genérico de todos los empleados. Con este dinero se aseguraba que los ejecutivos recibiesen una pensión equivalente al 60% de su salario de por vida, que también podían hacer efectiva en un solo cobro, como habría ocurrido con varios de los ejecutivos que se han acogido al proceso de prejubilaciones.

La cúpula de la CAM decidió dotarse de este seguro en septiembre de 2007 y estableció un periodo de pagos de siete años, que debía concluir en 2013. Sin embargo, como ya se ha explicado, los directivos decidieron acelerar el calendario y desembolsaron todo el dinero pendiente en junio del año pasado, al poco de alcanzarse el acuerdo del SIP.

En un principio no se puede decir que los directivos de la CAM fueran demasiado ambiciosos ya que normalmente este tipo de seguros, bastante habitual en el sector, garantiza hasta el 80% del salario tras la jubilación frente al 60% establecido en la caja alicantina. El truco estaba en los conceptos que se tuvieron en cuenta para calcular ese porcentaje. Según las indicaciones del consejo de administración de la entidad para este tipo de compensaciones, sólo debía contar la parte fija del salario pero durante más de tres años –que coinciden con los de mayores beneficios de la entidad– la dirección de la CAM también computó los incentivos cobrados.

Cambios

Todo cambió en noviembre de 2010, como relatan los administradores designados por el FROB. Por aquel entonces los socios de la CAM ya tenían acceso a sus cuentas y se trabajaba a marchas forzadas en la creación de Banco Base, la entidad que debía unificar el negocio financiero de las cuatro cajas y a la que se transferiría también toda la gestión del personal, aunque estos aspectos no se citan en el informe de los gestores.

En ese momento fue cuando el exdirector general de la caja Roberto López Abad modificó con cada uno de sus ejecutivos los contratos que les daban derecho a esta prestación adicional y se suprimieron los incentivos y el resto de retribuciones variables del cálculo de la futura pensión. La situación seguía siendo irregular, según los gestores designados por el FROB, porque la renta se tenía que calcular en base al sueldo de los tres años anteriores a la jubilación y los directivos de la CAM cerraron la cantidad que cobrarían en base a su sueldo de 2010.

Sin embargo, el cambio sirvió para rebajar notablemente la cuantía de las pensiones y la factura de la aseguradora, lo que provocó que la compañía tuviera que devolver dinero a la caja. Para ser exactos, en marzo de 2011 la firma retornó 26,3 millones de euros.

Lucro cesante

Pero, aunque el dinero de más fuera devuelto, los nuevos gestores de la CAM aseguran que la entidad perdió en este viaje de ida y vuelta alrededor de 700.000 euros: los que habría ganado si hubiera dispuesto del dinero para dedicarlo a su negocio financiero.

Hasta el momento, la única a la que se le ha denegado esta pensión vitalicia es a la ex directora general, María Dolores Amorós, debido a su despido disciplinario. El resto de directivos prejubilados, entre los que están el citado Roberto López Abad o el ex director general adjunto, Agustín Llorca, aún tienen derecho a ella y, según las fuentes consultas, varios la habrían hecho efectiva en la modalidad de pago único. Esta cantidad se suma a las ya muy jugosas indemnizaciones que percibieron por acogerse al proceso de prejubilaciones, que van desde los alrededor de cinco millones que habría cobrado López Abad, a los dos millones del resto de ejecutivos.