La Policía Nacional, en dos operaciones paralelas desarrolladas en Madrid y Las Palmas, ha detenido a 25 personas y ha destapado un fraude superior a dos millones trescientos mil euros en impagos a la Seguridad Social y en el cobro irregular del subsidio de desempleo.

En el primer dispositivo, llevado a cabo en las localidades madrileñas de Pozuelo de Alarcón, Parla y Madrid capital, han sido arrestadas 21 personas e imputadas otras 23, tras detectarse continuos movimientos de altas y bajas de trabajadores en dos empresas que aparentemente carecían de actividad laboral real.

Según ha informado la Policía, las dos sociedades habían ocasionado un fraude superior a los 1,4 millones de euros por impagos de las cuotas correspondientes de la Seguridad Social y por el cobro fraudulento del subsidio de paro por parte de los supuestos trabajadores.

Según las investigaciones de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Policía Nacional, al menos 42 supuestos trabajadores cobraron el subsidio de paro de forma irregular, tras acumular los periodos de trabajo legalmente establecidos para acceder a la prestación por desempleo.

En total, recibieron un importe cercano a los 139.000 euros, una vez dados de baja en las empresas y gracias a los certificados facilitados por el administrador único de las dos empresas investigadas.

Además, desde el inicio de la actividad ambas sociedades incumplieron la obligación de ingresar a la Tesorería General de la Seguridad Social las cuotas de sus trabajadores, lo que supuso un impago de más de 1.265.000 euros.

A estas deudas habría que sumar también las contraídas por el administrador de las sociedades por su alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), que ascendían a cerca de 17.700 euros.

Del estudio de toda la documentación se desprende que en ambas empresas habían figurado de alta 281 trabajadores, de los que 59 continuaban actualmente en la misma situación, por lo que la deuda contraída continuaba incrementándose mes a mes.

De forma paralela, la Policía Nacional ha desmantelado en Las Palmas de Gran Canaria un entramado societario ideado desde el año 2000 por un empresario de la restauración para evitar pagar las cuotas de la Seguridad Social mediante el cierre y la creación de nuevas empresas a través de testaferros.

La deuda acumulada por todas las empresas asciende a cerca de 925.000 euros.

Los trabajadores estaban dados de alta cuatro horas al día cuando al menos realizaban turnos de 8 horas, recibían el sueldo en metálico diariamente, y si no trabajaban por estar enfermos o no poder asistir, no cobraban.

Incluso, si cogían vacaciones eran despedidos y contratados al regreso y se les facilitaban nóminas ficticias que no concordaban con los ingresos reales.

La operación ha culminado con el arresto de cuatro personas y la imputación de otra más, presuntamente responsables de dos delitos contra la seguridad social, uno de insolvencia punible y delitos contra los derechos de los trabajadores.

Ambas operaciones han sido realizadas por agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, adscritos a la Unidad Central contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.