La Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, su hermano Jaime y sus respectivos hijos, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental. Los hechos denunciados se remontan a mayo de 2010, cuando las autoridades fiscales francesas informaron a la Agencia Tributaria española sobre una serie de personas con fondos en cuentas del banco suizo HSBC Private Bank Suisse, entre las que estaban los denunciados, y que no habían presentado las autoliquidaciones del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio entre 2005 y 2009.
A petición de la Agencia Tributaria, los doce miembros de la familia Botín procedieron a regularizar su situación fiscal presentando declaraciones complementarias con las rentas de las que eran titulares. Sin embargo, en la información remitida por Hacienda a Anticorrupción el pasado 13 de mayo por la existencia de indicios de delito, la Delegación de Grandes Contribuyentes señaló que "en las actuaciones de comprobación realizadas hasta la fecha, destinadas a la verificación objeto de regularización en las declaraciones complementarias presentadas, no ha podido determinarse si las regularizaciones realizadas han sido completas y veraces". Anticorrupción aceleró la denuncia porque el análisis de las declaraciones de 2005 prescribía el 30 de junio.
Inhabilitación y cárcel
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, decidió declararse competente para investigar la denuncia de Anticorrupción, dada la "entidad, gravedad y complejidad" de los hechos y el "elevado número de denunciados". El presidente del Santander, Emilio Botín, su hermano, sus sobrinos y sus hijos podrían enfrentarse a penas de entre uno y cuatro años de cárcel si se confirma el delito fiscal, según los inspectores de Hacienda. Además, en el caso de que exista sentencia firme, Botín y sus familiares perderían el requisito de honorabilidad para dirigir entidades de crédito.
