Corbacho niega un ´ultimátum´ para cerrar un acuerdo

EP El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, insistió este martes en la conveniencia de que el diálogo social del Gobierno con patronal y sindicatos sobre la reforma laboral se cierre este mes de mayo, pero incidió en que "no es algo que el Gobierno haya puesto como ultimátum ni como una decisión unilateral".

"Todos estamos de acuerdo y así lo han explicado los agentes sociales, que no debe pasar el mes de mayo sin que hiciéramos los esfuerzos para llegar a un acuerdo y, si finalmente el acuerdo no es posible cada uno explicitará por qué no ha sido posible. No debe pasar mayo sin haber planteado la posibilidad de acuerdo", remarcó Corbacho en rueda de prensa en Las Palmas de Gran Canaria, acompañado por el presidente del Gobierno regional, Paulino Rivero.

Recordó que el Ejecutivo central aprobó el pasado 5 de febrero un documento que lo amplió el 12 de abril que contiene "cinco ejes de actuación y ocho medidas concretas". "Son sobre esas materias las que el Gobierno quería centrar para la reforma o adaptación del mercado laboral a una nueva situación económica en un futuro de crecimiento", añadió.

Según Corbacho, los sindicatos están de acuerdo con algunas de esas medidas y remarcó que el Gobierno va a "seguir trabajando los próximos días con la clara voluntad para que al final haya un acuerdo sobre todas y cada una de las materias contenidas y, una vez que se llegue a un acuerdo, se concretará en un instrumento jurídico que corresponda".

Igualmente, manifestó que la reunión solicitada por los sindicatos para que se reúna la Mesa del Diálogo Social para ser informada de las medidas anunciadas por el Ejecutivo central se celebrará el jueves por la mañana.

Asimismo, el ministro fue cuestionado también sobre el hecho de que la huelga general prevista en el sector público para el próximo 2 de junio se ha retrasado hasta el día 8 del mismo mes, tras una reunión mantenida hoy por representantes de las federaciones del sector público CC.OO., UGT y CSI-CSIF.

En este sentido, dijo que se trata de "una decisión de los sindicatos que el Gobierno no opina y respeta". A su juicio, "los sindicatos deben valorar en cada momento qué acciones deben emprender en función de las medidas que pueda adoptar el Gobierno". "El Gobierno quiere y es enormemente respetuoso con la independencia y autonomía de los sindicatos", sentenció.