La batalla de la CECA

JAVIER CUARTAS. PALMA. La sucesión al frente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) ha desvelado una pugna entre dos concepciones diferentes que afectan al futuro del sector y a su liderazgo, a la configuración y naturaleza de las cajas, a la reordenación del negocio financiero y a la revisión de los fundamentos jurídicos y regulatorios de estas entidades de ahorro.
No se trata esta vez de una pelea entre afines al PSOE y al PP, sino entre dos visiones diferenciadas sobre cómo las cajas han de encarar los desafíos de una crisis internacional y sobre cuál ha de ser la razón de ser de la CECA.
La primera y más significativa división que ha delatado la pugna por la sucesión de Juan Ramón Quintás al frente de la CECA es el diferente alineamiento de las grandes cajas y de aquellas de tamaño medio que les siguen en el ranking respecto a las medianas tradicionales y a las pequeñas.
Estos dos últimos grupos, se inclinan por las tesis del presidente saliente, Quintás, y respaldan al presidente de la caja aragonesa Ibercaja, Amado Franco, como sucesor. Franco es un candidato sugerido desde la actual presidencia de la CECA, en un intento de sucesión controlada y continuista, y, en principio, satisface la pretensión de las cajas medianas y pequeñas de seguir siendo la cantera tradicional de los presidentes de la CECA. Estas entidades, que son las más numerosas del sector, ven con recelo que las magnas organizaciones (La Caixa, Caja Madrid e inmediatas), que suman el grueso del negocio gestionado por estas entidades, se hagan además con el control de la CECA, la organización patronal.
Pero las grandes cajas han contraatacado con la candidatura alternativa de un peso pesado, Isidro Fainé, presidente de La Caixa, la mayor caja de ahorros de España y de Europa y la tercera mayor entidad del país, sólo por detrás de Santander y BBVA.
Fainé aún no ha formalizado su opción porque exige que se le garantice el consenso, pero presidentes de cajas con gran peso como Rodrigo Rato (Caja Madrid), Braulio Medel (Unicaja), José Luis Olivas (Bancaja), Modesto Crespo (CAM) y otros, identificados indistintamente con el PSOE y con el PP, impusieron el miércoles en Sevilla el aplazamiento hasta el 20 de abril de la designación del futuro presidente de la CECA y además forzaron la dimisión anticipada de Quintás, quien pretendía compartir la presidencia con su ´tapado´ (Amado Blanco) durante dos meses para tutelar la transición y los primeros pasos de la negociación sobre la reforma de la Ley Orgánica de Cajas de Ahorros (LORCA), cuya revisión se pretende abordar en el segundo semestre.
La pugna por el control de CECA no es un mero ejercicio de lucha por el poder y la influencia en el sector. Se juega en ello –o eso creen unos y otros– cuál ha de ser la naturaleza futura de la propia CECA, y qué criterios guiarán las fusiones y la anunciada reforma de la regulación jurídica de estas entidades.
A grandes rasgos, se puede afirmar que las cajas pequeñas y las medianas tradicionales mantienen posiciones más conservadoras. Para estas entidades, la CECA no debe limitarse a ser una patronal (como la AEB en el caso de los bancos), sino que ha de seguir siendo a la vez un centro mancomunado prestador de servicios financieros para las cajas.
Pero la cuestión clave está en la reordenación del sector y en su regulación. Las grandes cajas y las mayores de las medianas son más libérrimas y menos limitativas en la aceptación de los instrumentos a los que se recurra para las fusiones. No ven mal que Cajastur haya utilizado un banco propio para tomar el dominio de CCM y que en las llamadas fusiones virtuales (a través de los Sistemas Institucionales de Protección o SIP) las cajas que se unan se doten por encima de una sociedad con formalidad jurídica de banco. A la inversa, las cajas pequeñas y medianas, mucho más temerosas de que las cajas se "bancaricen", plantean que se permitan crear instituciones con la configuración jurídica de caja de cajas como núcleo en torno del cual se organicen los SIP.
El otro gran debate es la revisión del estatus jurídico de las cajas. Las cajas carecen de accionistas y por ello no tienen que remunerar a su capital. Esto les es muy beneficioso en tiempo de bonanza porque los beneficios van a reservas y a la obra social y cultural. Pero cuando hay pérdidas económicas (como ahora) les impide apelar a sus accionistas para hacer ampliaciones de capital que les permitan reforzar sus recursos propios. Esta debilidad congénita se quiso corregir con las cuotas participativas: títulos similares a acciones, y que cotizan como tales, pero que no dan derecho a participar en los órganos de decisión de las cajas (asamblea y consejo). La carencia de esta capacidad de voto y representación (derechos políticos), que un particular no pueda superar el 5% de participación en una caja, la falta de tradición y otras limitaciones han supuesto que las cuotas no se hayan generalizado. Sólo la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo) las ha emitido.
Ante los requerimientos adicionales de capital y reservas que va a imponer la futura normativa Basilea III, y en un contexto de caída de beneficios (pérdidas en algunos casos), endurecimiento del mercado y aumento de la morosidad, las cajas más grandes y poderosas aspiran a que la reforma de la LORCA dé mucha más libertad en el diseño de las cuotas y de otros instrumentos para la capitalización de las cajas. Parten de la premisa de que, a menos limitaciones legales, mayor atractivo para el éxito de estos títulos. A la inversa, las pequeñas y medianas ven en ello un riesgo de privatización y desnaturalización de las cajas con la entrada en su propiedad de inversores privados. Quintás, por ejemplo, se ha declarado partidario de dotar a las cuotas participativas de derechos políticos pero de forma limitada.
Esta diferenciación de posiciones conduce a otro desencuentro. Todas las cajas parecen estar de acuerdo en seguir despolitizando estas entidades. Y también es una creencia compartida que hay que limitar la capacidad de veto de las comunidades autónomas a las fusiones entre cajas de distintas regiones cuando responden a una lógica financiera.
Pero para Quintás y las entidades afines una forma de resolverlo es que la futura LORCA imponga por norma una mayor reducción del peso de las instituciones públicas en los órganos de las cajas: se propone, por ejemplo, que no puedan superar el 25% como ya ocurre en alguna comunidad autónoma, cuando la ley estatal permite llegar hasta el 50%. Para las entidades grandes y medianas, las cuotas participativas y otros fórmulas posibles de capitalización serían la manera óptima de posibilitar un mayor control por el mercado de los criterios de gestión y del proceso de toma de decisiones en el seno de las cajas.
Aunque las posiciones enfrentadas en la CECA no son correa de transmisión de las fuerzas políticas, la política tampoco parece ajena. Gobierno, PSOE, PP, CiU y PNV parecen estar de acuerdo en avalar a Fainé como nuevo presidente de la CECA. El argumento es que la negociación que hay que abrir entre el legislador y cajas sobre el futuro de estas entidades, su reorganización y la revisión de su normativa es un asunto de calado estratégico y en la que España se juega en buena medida la solvencia del sector financiero, del que las cajas representan algo más del 50%. Fainé representa a la mayor caja de España y de Europa y, por lo tanto, se le considera un interlocutor suficientemente representativo, y más cuando lo avalan otras grandes cajas como la de Madrid, con Rato a la cabeza. La Caixa pasa por ser una de las cajas históricamente más despolitizadas de España, y a ese mismo perfil profesional y financiero responde Fainé, que tiene además buena capacidad de entendimiento con unas y otras fuerzas políticas.
A Amado Franco se le identifica con el ex presidente de la CECA y de Ibercaja Manuel Pizarro (del que fue sucesor al frente de la caja aragonesa), y esta vinculación no parece ayudarle mucho ni ante el PSOE ni ante determinados sectores del PP. Pero además, a Franco también se le identifica con Quintás, y en muchas cajas se quiere huir del estilo de este último en los últimos meses, cuando rompió la pretendida neutralidad e incurrió en declaraciones públicas de carácter político que tuvieron gran repercusión.
Quintás, a sabiendas de que no podía repetir, se descolgó pidiendo un Gobierno de concentración o elecciones anticipadas, arremetiendo contra el "esperpento" e "intervencionismo más descarado" que a su juicio supuso la lucha feroz entre facciones del PP por el control de Caja Madrid y haciendo otras consideraciones que lo indispusieron con tirios y troyanos.