El Ejecutivo esgrime dificultades en el cálculo de la evasión fiscal para intentar ocultarla

A. H. S. PALMA. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho desató la polémica meses atrás cuando a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa reconoció que la economía sumergida en España superaba el 20%. En cuestión de horas, su superior en el gabinete, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, le enmendaba la plana y aseguraba que era imposible calcular la economía sumergida precisamente por su propia naturaleza oculta. Este mismo jueves, durante su reunión con los representantes de IU para el pacto económico, Salgado insistía ante sus interlocutores: no se debe confundir economía sumergida con informal.
En realidad se trata de una pura cuestión semántica, porque la mayoría de los expertos viene a tratar ambos términos como sinónimos; otra cuestión es cuál resulta políticamente más correcto. En términos académicos se denomina economía sumergida o informal a aquella que permanece ajena al control del Estado. Y por la imposibilidad de cuantificarla formalmente no se incluye en las estadísticas oficiales.
Y como es bien sabido, no se trata sólo de un fenómeno que afecte a países en desarrollo o emergentes, sino que en todos los países, por grandes y ricos que sean, tienen parte de economía sumergida. En la UE, España, Italia y Portugal siempre han sido considerados los reinos de este tipo de economía, aunque Grecia se lleva la palma. Y las actividades son numerosas: la prostitución, los trabajadores sin contrato, las trabajos a domicilio sin factura en los que no se paga el IVA, la piratería, las propinas...