El Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de la futura Ley de Economía Sostenible, con el que pretende reconducir la economía con reformas en los organismos reguladores, los mercados financieros, la contratación pública y privada, la desgravación por vivienda y la creación de empresas.

Lo que se pretende es que las empresas y los agentes económicos orienten su actividad hacia sectores con potencial de crecimiento a largo plazo, generadores de empleo y sostenibles, según la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado. El Gobierno todavía no va remitir el texto al Congreso, porque quiere debatirlo con los agentes sociales, los partidos y las comunidades.

Será en el verano de 2010 cuanto entre en vigor la ley, según Salgado, quien explicó que la norma estará acompañada por el Fondo de Economía Sostenible, que asciende a 20.000 millones de euros, estará activo en enero y lo gestionará el Instituto de Crédito Oficial. Uno de los principales objetivos de la ley es establecer principios de buena regulación económica para crear un marco normativo "estable y predecible" con bajo nivel de cargas administrativas. Así, el Gobierno limitará la composición de los organismos reguladores –Comisión Nacional de la Energía (CNE), Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y Comisión Nacional de la Competencia (CNC)– a un presidente y cuatro consejeros. Para garantizar la sostenibilidad de las administraciones, las entidades locales estarán obligadas a informar cada tres meses de su situación presupuestaria y de los pagos pendientes. Asimismo, la Administración General del Estado tendrá que presentar en un plazo de seis meses un plan de austeridad y de calidad en el gasto. A su parecer, la nueva Ley supone un "proyecto de país" de cara al año 2020, por lo que requiere la implicación y "responsabilidad" de otros grupos políticos "de cualquier color", al trascender al periodo de gobierno socialista.

La idea, según Salgado, es que todas las administraciones contribuyan al cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea. El anteproyecto también toca la contratación de las administraciones públicas para agilizarla. Las modificaciones de los contratos del sector público estarán limitadas al 20% del importe adjudicado y sólo podrán llevarse a cabo cuando se haya previsto previamente en los pliegos o en el anuncio del concurso, o cuando concurran causas de fuerza mayor.

Mejorar la competitividad es otra de las prioridades, para lo que se reducen los plazos para crear empresas. En materia fiscal, se aumentará la deducción en el Impuesto sobre Sociedades para las actividades de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) de un 8% al 12%, mientras que la desgravación por proyectos medioambientales subirá del 4% al 8%, para potenciar la inversión. Estas medidas irán acompañadas de una reducción de un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2020. Desde el sindicato UGT, su secretario general, Cándido Méndez, pidió que la nueva norma sea "muy beligerante" en la lucha contra el fraude fiscal y la explotación laboral.